El problema es el procedimiento

Cada cierto tiempo en nuestro país se retoma el viejo debate relativo a las sanciones penales previstas por el Código del Menor y aplicables a los menores de edad que cometen delitos.Con muy buenas intenciones algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan temas relativos a justicia han propuesto modificar nueva vez la normativa vigente en la materia a fines de incrementar las penas previstas por entender que el aumento producido en la modificación del 2013 no ha sido suficiente.

Muchas razones de peso dan lugar a tal corriente de pensamiento y la citada iniciativa, no sólo jurídicas sino también emocionales, toda vez que los dominicanos tenemos muy fresco en la memoria horrendos crímenes cometidos por menores en conflicto con la ley.

Una discusión sobre el tema es por ello prudente y otra modificación a la legislación actual es posiblemente muy necesaria. Sin embargo, en términos de búsqueda de soluciones a la creciente delincuencia e inseguridad ciudadana que está afectando a la República Dominicana, la urgencia en estos momentos radica en otra cosa.

De nada sirve aumentar las penas, ni en una modificación al Código del Menor ni en una modificación a otras leyes especiales de orden público, si el proceso conducente a que las penas sean efectivamente aplicadas a los que delinquen tiene fallas abismales que afectan la efectividad y eficacia del sistema.

Ante un proceso deficiente y con muchos elementos tipo comodines que facilitan a los delincuentes no obtener sentencias condenatorias, ninguna pena, por grande que sea, tendrá suficiente carácter disuasivo ante un criminal que sabe que posiblemente nunca llegue a la fase en la que la misma pueda ser aplicada.

Por tal motivo, antes que hablar de intensificar penas, se hace urgente y prioritaria la voluntad política seria de modificar las partes del Código Procesal Penal que quedaron pendientes de la última (e insuficiente) modificación, que la práctica, los numerosos casos y el tiempo han demostrado que lejos de funcionar constituyen algunas de las causales por las cuales hay tantos delincuentes reincidentes en las calles dominicanas.

La modificación del Código Procesal Penal hace un tiempo que se produjo en el Congreso Nacional justamente por muchas de estas críticas enarboladas por expertos, pero inexplicablemente los legisladores dejaron fuera los elementos esenciales que han sido causa eficiente de los problemas y perdieron tiempo en cuestiones de forma y tonterías innecesarias en lugar de ponerle real atención y empeño a un profundo reclamo y una necesidad imperiosa de la sociedad dominicana.

Los debates sobre las variaciones de ciertas penas, como las previstas en el Código del Menor por ejemplo, si bien tienen gran importancia y deben producirse en algún momento, por ahora, pueden esperar. Porque si el procedimiento que debe desembocar en la aplicación de sanciones no funciona, evidentemente, la prioridad es otra.