Los observadores internacionales instaron a la oposición a impugnar las elecciones por los cauces institucionales. La alianza opositora había pedido un recuento total en los últimos días e inicialmente dijo que no aceptaría ningún papel del tribunal electoral, alegando que ha actuado sesgadamente y que carece de credibilidad por sus vínculos con el gobierno.
Nasralla dijo que la impugnación servirá solo como punto de referencia para poder viajar al extranjero y decir que se agotaron todos los medios locales.
Casi dos semanas después de las elecciones, la solución sigue siendo incierta. El tribunal electoral se encuentra en medio de un recuento de los votos depositados en casi 5.000 urnas que, según dice, podría tardar varios días más. Las urnas, más de un tercio del total, tenían votos que no fueron transmitidos a los funcionarios electorales la noche de la elección. El tribunal ha dicho que, fuera de ello, no presentan incongruencias.
El tribunal electoral tiene 30 días a partir de la elección para declarar un ganador, lo que coloca potencialmente un anuncio oficial cerca de la temporada navideña.
Un colegio de abogados local también presentó una impugnación en busca de anular la elección, alegando que la Constitución de Honduras no permite la reelección. La corte suprema del país había despejado el camino para que Hernández compitiera.
«Hernández no podía participar como candidato presidencial y al hacerlo, violó el artículo 239 de la Constitución», que prohíbe la reelección, por lo que «debe ser juzgado como traidor a la patria», afirmó José Antonio Ávila, de la Barra de Abogados Anticorrupción, al impugnar las elecciones generales ante el Tribunal Supremo.
Después de varios días bajo toque de queda, saqueos y actos de vandalismo, el gobierno permitió el viernes que la gente se moviera libremente en la mayor parte del país, incluso la capital. Se esperaban más manifestaciones durante el fin de semana.
