Una presión tributaria de alrededor un 14% y un gasto fiscal del orden del 17.3% del producto interno bruto colocan al país en una posición difícil para financiar su desarrollo, y amerita una discusión amplia de la sociedad acerca de qué quiere y cómo lograrlo.
La reflexión es del economista Luis Reyes Santos, viceministro de Hacienda y director general de Presupuesto, quien se basó en pensamientos de reconocidos economistas internacionales que plantean que con una presión tributaria (la proporción del producto interno bruto que el Gobierno capta como impuestos) de 14 o 15% el Gobierno apenas puede atender uno o dos de los derechos fundamentales, como puede ser educación, la seguridad ciudadana o puede ser educación-salud, educación-soberanía. “Pero no puede atender todos los servicios que debe de proveer con eficiencia el Estado”.
“Eso plantea que la sociedad dominicana, en algún momento abra una discusión profunda y determine primero, qué quiere que provea el Estado y en qué condiciones lo va a proveer en término de eficiencia, y a partir de ahí determinar las necesidades que vamos a requerir para poder financiar esas necesidades que va a proveer el Estado”, expuso.
Detalló que de cada peso que genera la economía el Gobierno gasta 17.3 centavos. ¿“Cuánto es la media de América Latina, 22 por ciento. Lo que quiere decir que disponemos de muchísimo menos recursos para satisfacer las mismas necesidades que tiene un Estado con el nivel de desarrollo de República Dominicana”, dijo. Y agregó que “entonces, reitero, satisfacer las expectativas ciudadanas, las expectativas de las instituciones, de sus incumbentes incluso de la oposición política, es una tarea que supone un gran desafío en un país como la República Dominicana”.
“No habrá manera nunca. Nunca, de poder satisfacer las demandas de los colectivos que tienen una visión distinta”.
Agregó que hay cosas que “agravan todavía aún más. Qué hace que eso sea más difícil. La rigidez presupuestaria. En un país con una mayor rigidez presupuestaria, qué es esto de la rigidez presupuestaria. Que hay una serie de gastos que están preestablecidos ya, por leyes, por compromisos políticos, por lo que sea, como es el 4% del producto interno bruto para la educación preuniversitaria, como pueden ser las asignaciones que tienen los órganos constitucionales”, puntualizó.
Requerimientos por leyes
El director de Presupuesto dijo que el monto actual de esas asignaciones por leyes representa unos RD$250,000 millones, y se están asignando alrededor de RD$150,000 millones. “Si fuéramos a cumplir con las leyes conforme a las disposiciones que están vigentes, nos faltarían unos 120 a 140 mil millones adicionales, es decir, tendríamos que aumentar el déficit en esa misma proporción para nosotros poder satisfacer esas disposiciones legales”, planteó Reyes Santos.
Ese conjunto de ataduras de porcentajes fijos convierten cada año la programación presupuestaria en un rompecabezas. “Eso hace que nosotros tengamos serias dificultades a la hora de satisfacer la demanda de las instituciones que tienen colectivos sociales, que tienen gremios, que tienen incluso instituciones e incumbentes”, agregó.
Dice Oxfam tiene “error de razonamiento”
En torno al cálculo de Oxfam Internacional de que hay en el presupuesto que concluye y en el del próximo año gastos superfluos por más de RD$90,000 millones, Reyes hizo precisiones porque considera que “hay un error de razonamiento”. Dijo que entre las entidades citadas como acogedoras de gastos superfluos se cita a la OISOE y al Despacho de la Primera Dama, la primera que tiene la responsabilidad de reconstruir los hospitales públicos y la segunda que maneja los centros de atención a los discapacitados, en los que destina la mayor parte de su presupuesto. “¿Podemos dejar de ofrecer la provisión de esos servicios por parte del Estado? ¡No, de ninguna manera!”. Indicó que si se transfieren esos programas a otras instancias, hay que hacerlo con los recursos que tienen asignados porque lo que hay que ver es la función.
