Lima. El congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar un proceso de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, horas después de que el mandatario anunció que no renunciará en medio de un escándalo por haber recibido cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht.
Con 27 firmas del total de 130 legisladores del Congreso unicameral peruano, dominado por la oposición, se solicitó iniciar el procedimiento para cesar de su cargo al presidente por “permanente incapacidad moral”, conforme a lo dispuesto por la Constitución.
Según la ley, en la siguiente sesión parlamentaria al menos 52 legisladores deben rubricar la admisión del pedido de juicio político y luego el pleno del Parlamento debe acordar el día en que se votará el pedido para sacar a Kuczynski del poder, que debe ser casi una semana después.
“Si el presidente no ha renunciado esperamos tomar decisiones con las demás bancadas”, dijo a la radio RPP el legislador Héctor Becerril de Fuerza Popular, que lidera la conservadora Keiko Fujimori, que cuenta con 71 sillas.
También piden la salida de Kuczynski la Alianza para el Progreso, el Partido Aprista Peruano y los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú.
Al momento los cinco partidos opositores suman alrededor de 95 votos, con lo cual el destino del mandatario podría estar definido.
Kuczynski anunció el jueves que no renunciará al cargo y dijo que no tuvo ningún rol en la administración de su empresa Westfield Capital, cuando ésta recibió casi 800.000 dólares en pagos de consorcios liderados por Odebrecht.
En aquella época, Kuczynski era ministro de Economía y luego primer ministro del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). En Perú el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis política.
Odebrecht admitió que pagó los sobornos
Odebrecht admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas a las que luego aumentaba el costo. Los dueños de las tres principales empresas constructoras peruanas están presos de forma preventiva por colusión y lavado de activos. El expresidente Toledo (2001-2006) tiene una orden de captura internacional.
