Organizaciones que luchan por el empoderamiento de comunidades marginadas revelaron ayer que según se ha informado en reuniones organizadas por los ejecutores del proyecto Nuevo Domingo Savio, se proyecta que 1,400 familias que viven a orillas del Ozama deberán desocupar el área para agosto del presente año.
El Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) y Ciudad Alternativa calificaron de preocupante la decisión del Gobierno de indemnizar a las familias que serán desalojadas de la zona vulnerable de los barrios Los Guandules y La Ciénaga, que conforman Domingo Savio.
Las organizaciones se mostraron de acuerdo con la reubicación de las familias de la franja de riesgo, pero rechazan que el Estado se cierre a una decisión, sin garantizar soluciones que se ajusten a las necesidades de cada caso. “Nos sorprende el brusco cambio en la política habitacional del Gobierno de Danilo Medina que coloca la responsabilidad de la garantía del derecho a la vivienda sobre los hombros de las familias” destacan en un comunicado.
Para fundamentar su posición, citaron el artículo 59 de la Constitución que establece que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para ser efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés nacional.
