Un grupo de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) está estudiando la adopción de medidas para aprobar el empaquetado genérico y homogéneo de los cigarrillos, así como la prohibición de cualquier tipo de publicidad de los mismos. Australia se convirtió en el primer país en adoptar esto de manera formal, a pesar de las quejas de las tabacaleras y de otros países miembros de la OMC.
Algunos países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, han presentado ante la OMC su oposición a la adopción de esta normativa, no sólo por el claro daño económico que causa a la industria del tabaco, pero además porque sin dudas vulnera derechos adquiridos de propiedad intelectual y que en las mayoría de las legislaciones constituyen derechos fundamentales.
La medida aprobada en Australia y propuesta en otros países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, plantea que la inclusión de advertencias sanitarias sobre tumores cancerígenos y bebés enfermos ocupará el 75 % de la parte frontal de los envoltorios y el 90 % de la parte posterior, pero además establece que los cigarrillos se vendan en paquetes color verde oliva, sin textos y sin promoción alguna, incluyendo esto la imposibilidad de ser identificados con una marca y por consiguiente de distinguir un origen empresarial.
Es comprensible el deseo de muchos de que esto se apruebe y no tengo una intención particular de defender a las tabacaleras. Sin embargo, a pesar de que en principio esta iniciativa busca proteger la salud de los consumidores, lo cierto es que resulta completamente contraproducente y puede lograr todo lo contrario. Esto así, porque el imposibilitar que el consumidor de este producto identifique la procedencia del mismo, le impide diferenciar entre aquellos que se hacen en empresas con buenas prácticas de manufactura y aquellos cuyo proceso de elaboración sea cuestionable, es decir que vulnera a todas luces la función principal de la existencia de un derecho de marcas en el mundo que es justamente la distintividad.
Si la idea de los Gobiernos es reducir el consumo y recortar el número de personas fumadoras, no es inteligente adoptar disposiciones que fomentarán el comercio informal. Resulta evidente que la legislación facilitará el trabajo de los contrabandistas al abaratar sus costos, y al final del día, de una medida que pudo nacer a partir de buenas intenciones, los que saldrán más beneficiados serán justamente los que menos invierten en controles de calidad y por consiguiente los que más daño causan a la población.
