Para pluralizar el debate cedo mi espacio a Emilio Aquino Jiménez, ex coordinador de la Defensa Pública en Azua. Necesariamente no debo coincidir con el autor:

Me desvinculé de la Oficina Nacional de Defensa Pública el 28 de febrero del año 2018, entendí válido cerrar un ciclo muy productivo como ser humano y profesional. Siendo quizás una de las decisiones más difíciles de mi vida adulta, pues había pasado la casi totalidad de los últimos diez años sirviendo como defensor público en distintas jurisdicciones del país. La decisión pudo tener varias razones, más ninguna de ellas fue en desmedro de la institución, siento que valió y aun vale la pena ser defensor público. Sin embargo, como ciudadano me preocupa lo que suceda en cualquier institución pública del país.

Permanecer en una institución como la Defensa Pública debe ser motivo de orgullo para cualquier abogado: es joven, integra personal capacitado con vocación de servicio, y es necesaria para el equilibrio de un Estado Social y Constitucional de Derecho. En ella las personas sometidas a una persecución penal tienen la oportunidad de que el Estado retribuya en servicio parte de lo que le ha extirpado de los bolsillos a través de impuestos.

Es conocido por los que forman parte de la institución, que es un producto difícil de vender a la sociedad, pues los no entendidos consideran al defensor público un aliado a la delincuencia. Una apreciación distorsionada de la labor que ejerce dicho profesional del derecho. Es una pena que el arduo trabajo que realizan los defensores públicos quede eclipsado por informaciones equivocadas sobre la existencia de dicha institución.

Realicé mi labor apegado a los principios éticos de la institución, pero nunca entendí que fuera imprescindible en la institución para que ella continúe ofreciendo un servicio público de calidad, consideramos que las autoridades actuales de la Oficina Nacional de Defensa Publica deben reconocer que las personas pasan, las instituciones permanecen. De hecho, las autoridades al frente de la institución, a pesar de errores cometidos en contra de muchos defensores, han realizado una labor encomiable, que pocas instituciones públicas pueden exhibir en la República Dominicana.

El relevo es importante y necesario en las familias, los deportes y en las instituciones. Incluso dentro de la misma institución existen personas con las condiciones necesarias para continuar sosteniendo y desarrollando los avances logrados. Se ha permitido que personas ajenas al quehacer y los intereses de la Defensa Pública-incluso perteneciendo al consejo de la institución-empañen la imagen bien ganada dentro del sistema de justicia penal. Esas personas aun siendo parte de ese organismo han realizado declaraciones que muestran un desconocimiento visceral del funcionamiento y servicio que presta la institución a la sociedad.

Las actuales autoridades han contribuido a que se proyecte una imagen distorsionada de tan valiosa institución. Ella ha sido la voz que clama en el desierto por los vulnerables de hoy. Es hora de un relevo para bien de la institución, el país y la sociedad.

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