El paso de la tormenta Beryl a apreciable distancia de las costas dominicanas provocó un estado de emergencia en el Malecón del Distrito Nacional, a consecuencia del cúmulo de basura lanzada por el Mar Caribe, donde había llegado desde las riberas de los ríos Isabela y Ozama, desde los municipios de Monte Plata y el Gran Santo Domingo.
De acuerdo con la revelación del alcalde David Collado, retirar tanto desperdicio tiene un costo de no menos de RD$10 millones, suma considerable para el cabildo del Distrito. Una situación que sólo sirve para alertarnos sobre los daños de los desechos lanzados indiscriminadamente.
Ese costo, que probablemente es compartido con el ministerio de Obras Públicas, comoquiera constituye un estrés para las finanzas y los recursos del ayuntamiento. Aunque el problema ha sido encarado con disposición y mejor ánimo, hay que señalar que las entidades municipales no tienen capacidades para manejar emergencias como esa.
Es momento para replantear que los municipios necesitan los recursos y medios para atender los asuntos propios de los territorios que gobiernan y especialmente que desarrollen capacidades para emprender iniciativas que alivien la calidad de vida de la gente.
Habría que empezar a pensar en la necesidad de que el gobierno nacional reconsidere la vocación a controlarlo todo, que comprenda la necesidad de impulsar administraciones locales con alguna posibilidad de promover el desarrollo municipal.
Naturalmente, para eso se necesita que los cabildos estén en posibilidad de financiar sus actividades. Habría que pensar, otra vez, en una mayor descentralización del gobierno nacional, que es también descentralizar el todopoderoso Poder Ejecutivo.
Se sabe muy bien que los municipios con los escasos recursos que manejan no pueden llevar a cabo campañas o acciones importantes, como pavimentación de calles, sin la compañía del gobierno nacional.
No pueden trascender su pobre posibilidad de recoger la basura e intentar mantener el ornato. Hay muchísimas responsabilidades que recaen en los cabildos, previstas en la ley 176-07, que no pueden asumir.
En fin, en la cultura política criolla no existe tradición de empoderar o fortalecer los gobiernos locales. Penosamente, en ocasiones hasta han sido vistos como una amenaza al poder nacional.
