La DPCA solicitó apertura de juicio contra Antonio Ramírez Medina, ex director regional de la Secretaría de Agricultura, con asiento en San Juan de la Maguana, junto a otros ex funcionarios de esa demarcación de la referida cartera, y otros nueve supuestos productores agrícola.

Estos habrían estafado al Estado dominicano, a través de dicha institución, con montos que superan los RD$29 millones.

La instancia fue presentada por el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla García,  al juez de la Instrucción de ese Distrito Judicial.

Entre los implicados figuran Antonio Ramírez Medina, Victoriano Reyes Mesa, Héctor Morillo, Fernando Arturo Ogando Montero, César Apolinar Garabito Ramírez y Rafael Reyes Mesa.

Además, Carmen Mateo Mateo, Saida Mateo Medina, Keisy Encarnación Martínez, Carmen Cipión Amancio, Mateo Pinales Montero, Yarisa Matos Mateo, José Marys Gómez Cipión y Vidal Julián Matos,

Fueron acusados de constituirse en asociación de malhechores para defraudar caudales públicos, mediante la elaboración de facturas fraudulentas.

“Estos hicieron consignar la entrega de productos agrícolas sin que los mismos fueran recibidos por Agricultura, en razón de que los alegados productores nunca han sembrado ningún cultivo”, agregó.

Afirma el Ministerio Público, que ha podido comprobar que a través de dicho procedimiento doloso se fraguaba una millonaria estafa contra el Estado dominicano, por concepto de compra de unos 75,855.48 quintales de cebollas, para la cual se realizaba una facturación por montos que oscilan entre 200 mil y dos millones de pesos, que para ser cobrados por supuestos productores.

Muchos de ellos resultaron ser allegados y familiares de los funcionarios encargados del proceso, y de los responsables del pesaje del indicado producto, lo que constituye un acto de corrupción éticamente censurable y penalmente reprochable.

Conforme al DPCA, en el caso de  Antonio Ramírez Medina, haciendo valer su calidad de máxima autoridad de la SEA en San Juan de la Maguana, no procuró revestir de la debida formalidad el proceso de compra de cebollas en la comunidad, ordenó desde el principio la utilización de un talonario de facturas simples pertenecientes al antiguo Programa Centro de Venta Materiales Agropecuarios (CEVEMA).

“Las facturas no poseían los números de RNC ni de Comprobante Fiscal necesarios para la erogación de fondos por parte del Estado a los alegados productores”, detalló el organismo.