Las luchas ambientales siempre deben ser horizontales para mantener la transversalidad frente a todos los sectores productivos que coexisten paralelamente en nuestra sociedad, pero esas luchas deben usar la misma escala para medir los impactos generados en todos los casos evaluados, a fin de que nadie argumente sesgo ambiental perjudicial a un determinado sector productor, pues cuando las luchas ambientales son selectivas, y permanentemente se está atacando duramente, a veces con razón, a un determinado sector, pero al mismo tiempo hay indiferencia ante graves daños ambientales de otro sector, se pierde credibilidad ante la sociedad, porque el objetivo final no debe ser lastimar a un estigmatizado sector productivo que se quiere sacar del camino, sino organizar a todos los sectores en producción, sin excepción, para el correcto aprovechamiento de todos los recursos naturales en beneficio de la nación, lo que implica que las luchas ambientales siempre deben ser imparciales, enfrentando a todos aquellos proyectos que sean perjudiciales a los intereses ambientales.
Pero al pasar revista a una parte de las luchas ambientales nacionales vemos que si la lucha es contra el sector minero, el cual realmente ha cometido graves errores que se han traducido en grandes daños ambientales, son muchos los sectores nacionales que de inmediato se suman a esas anti mineras luchas ambientales, pero si hay una agresión agrícola o pecuaria evidente, en contra del medio ambiente, de igual o mayor dimensión que toda agresión de una mina a cielo abierto en producción, vemos que la intensidad de la lucha disminuye y casi nadie se inmiscuye, y vemos que ambientalistas muy proactivos en contra del minado, ahora se hacen a un lado.
Tal es el caso de la famosa lucha ambiental en favor de “loma de Miranda parque nacional” y la actual lucha ambiental en favor de la protección del Parque Nacional de Valle Nuevo, pues mientras en el caso de la loma de Miranda, la cual desde el año 1955 es una concesión minera que está protegida por la Ley Minera 146-71, algunos políticos, sacerdotes y ambientalistas del país pedían a gritos violar la Ley Minera y violar la Constitución de la República para declararla parque nacional, porque en ese caso el sector afectado sería el sector minero, el cual goza de mala fama en la comunidad ambiental y en partes del territorio nacional; por el otro lado, el Parque Nacional de Valle Nuevo, protegido desde 1983 como Reserva Científica, y desde 1996 como Parque Nacional, ha sido prácticamente destruido por una agricultura agresiva, erosiva, intensiva y destructiva de la flora, de las aguas y de los suelos, ante la mirada indiferente de políticos, sacerdotes, ambientalistas, agricultores y funcionarios que fueron nombrados en el ministerio de Medio Ambiente para cuidar las áreas protegidas.
Es decir, que mientras en el caso de la loma de Miranda parte del país pedía violar la Ley Minera 146-71 para declararla parque nacional por sesgo anti minero, en el caso de Valle Nuevo, por sesgo pro alimentario, parte del país permite que se viole la Ley de Áreas Protegidas 202-04 y que se destruya un patrimonio natural nacional del cual dependen las aguas del río Nizao que van a las presas de Jigüey, Aguacate, Valdesia y Las Barías, y desde ahí van al acueducto de Santo Domingo, al acueducto de San Cristóbal, al canal Marcos A. Cabral y al canal Nizao-Najayo; del mismo modo que se afectan las cabeceras de los ríos Las Cuevas y Grande, que fluyen hacia la presa de Sabana Yegua, el segundo embalse más grande del país; y secan cabeceras de arroyos que drenan hacia el río Tireo y hacia el río Blanco, de los cuales dependen las presas hidroeléctricas de Pinalito y Río Blanco, siendo esto una contradicción difícil de entender para una parte de la población, salvo que sólo se quiera ver el daño ambiental minero y se quiera ignorar el grave daño agropecuario ambiental, lo cual no es imparcial.
Por tal razón hace poco nos preguntaban en un programa de televisión si en algunas luchas ambientales actuamos como ambientalistas o como anti mineros, y la pregunta parte de que muchas veces algunos ambientalistas dan la impresión de ser más anti mineros que ambientalistas, y que conste que la minería a cielo abierto se ha ganado nuestras duras críticas por sus malos manejos operacionales, ambientales y sociales, pero el sector agropecuario lo hace peor, siendo evidente para la gente que a muchos políticos, sacerdotes, ambientalistas, y hasta los encargados de cuidar las áreas protegidas en pasadas gestiones del ministerio de Medio Ambiente, no les ha interesado mirar los graves daños ambientales provocados por vecinos y amigos agricultores de Valle Nuevo, al extremo de que cuando quemaron a Valle Nuevo ningún sacerdote, ningún político y ningún ambientalista pro Miranda subió un solo jarro de agua para apagar el incendio, ni exigieron sanción para los responsables de esa agresión, porque en Valle Nuevo no hay minería, pero si allí hubiese minería habrían dicho que los mineros quemaron a Valle Nuevo y diariamente habría una peregrinación con sacerdotes, políticos y ambientalistas procedentes de toda la nación.
Para las luchas ambientales todos los sectores productivos deben ser iguales, y por eso agradecemos la decisión del nuevo ministro de Medio Ambiente de escuchar y apoyar nuestros reclamos ambientales expresados en nuestros artículos y en las redes sociales, y luego otorgar un plazo de 120 días para que todos los agricultores salgan de Valle Nuevo, porque la agricultura intensiva, erosiva y extensiva es incompatible con el exclusivo manejo forestal de ese importantísimo parque nacional que aporta sus aguas a través de cada manantial.
