Aerodom superó ingresos por tasa irregular y privilegios

El senador Adriano Sánchez Roa reveló que la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) superó en US$233.2 millones los ingresos proyectados en el lapso 2001-2010, debido a que le otorgaron de manera irregular la tasa que percibía el Estado y

El senador Adriano Sánchez Roa reveló que la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) superó en US$233.2 millones los ingresos proyectados en el lapso 2001-2010, debido a que le otorgaron de manera irregular la tasa que percibía el Estado y otros privilegios, por lo que espera que el Estado recupere los recursos del pueblo.

“No se trata solamente de la tasa del US$1.30 correspondiente a la única institución que debió fiscalizarlo, sino que empezaron con una tasa global de US$4.75 en el 2001para alcanzar en la actualidad US$16.30, que representa cerca de US$50.0 millones al año”, explicó el legislador fronterizo.

Sánchez Roa señaló que en marzo del 2004, cuando se invocó el “desequilibro económico”, que nunca existió, Aerodom había proyectado sus ingresos en el Aeropuerto internacional Las Américas, en US$15.1 millones, sin embargo, terminó recibiendo el doble, US$35.3 millones, de manera que la disminución momentánea de pasajeros no le perjudicó.

Dijo en nota de prensa, que las inversiones de Aerodom se han quedado por debajo del 50% del compromiso, mientras que los ingresos por la administración y cobro en los aeropuertos supera ampliamente esas inversiones, por lo que no se observa cual es el aporte de la empresa.

El senador por Elías Piña afirmó que la visión con que el gobierno concibió en el año 1999 la concesión con Aerodom fue correcta, pero que luego con el tiempo y la complicidad del propio Estado, la misma ha perjudicado al pueblo dominicano, por lo que es tiempo de aplicar las correcciones.

Sánchez Roa dijo que espera el retorno al Estado de los US$75.0 millones cobrado por la tasa del US$1.30; que el gobierno y el Congreso evalúen la ampliación o no de la concesión, ya que se hizo sin la aprobación constitucional.

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