El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sostuvo ayer que los recursos que aporten a los partidos grupos empresariales o instituciones extranjeras son ilícitos e irregulares porque está prohibido por la ley.
Según explicó Rosario, la ley electoral establece que son solo las personas físicas las que pueden hacer aportes económicos a los partidos y que en ese sentido en el país la legislación nunca se ha cumplido adecuadamente.
“Esa ley dice que solo hay un tipo de financiación lícita, los recursos que aporta el Estado y los aportes de personas privadas y se prohíben los aportes de grupos económicos, eso quiere decir que empresas y grupos económicos no pueden hacer aportes a los partidos y no pueden aparecer registrados aportes por ese concepto”, detalló.
Dijo que el proceso de fiscalización se hará entre la última semana de este mes y las dos primeras de septiembre y que entre los aspectos que se determinarán figura que se sabrá quién aporta dinero a los partidos políticos.
Roberto Rosario dijo que el objetivo de la Junta Central Electoral es determinar qué tan correcto ha sido la aplicación del reglamento que establece las normas para que los partidos utilicen los recursos que reciben tanto públicos como privados.
“Eso no debe mover a preocupación porque lo que estamos es fiscalizando que las cosas se estén haciendo correctamente y yo pienso que los partidos están actuando correctamente. No tengo ninguna expectativa que lo que vayamos a encontrar no sea lo que nosotros esperamos sino que tendremos la satisfacción de que las cosas se han hecho como se deben hacer”, sostuvo el presidente del tribunal comicial.
El nuevo sistema contable debió empezar hacer utilizado por los partidos desde el primero de junio de este año. La JCE ha informado que ninguno de los 27 partidos que tienen reconocimiento ante el organismo ha presentado contratiempos para adaptarse a la nueva contabilidad.
Actualmente, la JCE recibe 49 millones de pesos y de esos recursos el 80% se distribuye entre los que obtuvieron más de 5% en las elecciones pasadas y el 20% restante entre los partidos minoritarios.
Firman un convenio
Rosario y el contralor general de la República, Simón Lizardo, firmaron ayer un convenio interinstitucional de cooperación tecnológica mediante el cual la JCE se compromete a entregar a la Contraloría su base de datos actualizada.
El objetivo es que la Contraloría pueda verificar los registros de los inscritos y la actualización constante del mismo y de esa manera manejar información veraz sobre la identidad de los ciudadanos.
El acuerdo establece que la Contraloría podrá requerir una investigación especial sobre cualquier acta del estado civil. También la JCE se comprometió a dar respuesta a las solicitudes de certificaciones de cédulas en un plazo no mayor de tres días laborables y la respuesta a los casos de investigación en un periodo no mayor de 15 días laborables.
