La reforma fiscal que queremos tiene necesariamente que derivarse del Estado y la sociedad a la que aspiramos. Esto así debido a que la estructura fiscal tiene una enorme influencia sobre la forma en que opera el Estado, sobre su capacidad y sobre el impacto que éste tiene en la economía y la sociedad.
La estructura tributaria, que tiene que ver con los ingresos, determina la forma en que se financia el Estado y quien paga por ello, lo que influye sobre las capacidades de la gente y de las empresas. A su vez, el gasto influye enormemente en la forma y la intensidad con que el Estado interviene en la economía y la sociedad, y en las posibilidades de transformar las capacidades y oportunidades de las personas.
Propongo, probablemente con muchas otras personas, que el Estado a que aspira la sociedad dominicana debe tener por lo menos tres características: ser solidario, ser productivo y ser ético.
Ser un Estado solidario, del cual todos y todas nos sintamos parte, implica que su financiamiento se distribuya de forma equitativa, gravando más a quienes tienen más riqueza. Esto supone fortalecer los esquemas de impuestos sobre las rentas, mejorando las escalas existentes, incrementando la capacidad de cobros especialmente sobre personas que reciben altos ingresos, reduciendo y eliminando las exenciones sectoriales como las que disfrutan quienes reciben elevados ingresos por tener depósitos financieros o las que disfrutan algunos sectores particulares, y combatiendo la evasión que ocurre a través de los llamados “precios de transferencia” y otros mecanismos. También conlleva mantener reducidas las cargas tributarias sobre aquellos bienes y servicios que consumen los más pobres.
Por el lado del gasto, la solidaridad implica que éste debe dirigirse a promover las capacidades de las personas que por su origen, por la zona donde viven, por su sexo o por el grupo al que pertenezcan tienen menos oportunidades, y a reducir las privaciones en que viven las personas más pobres.
Se ha planteado que una estructura fiscal progresiva debe descansar en un gasto a favor de los pobres pero en un ingreso financiado por todos. Aunque el gasto es el que tiene mayor poder de redistribución de las oportunidades a través de la provisión de servicios como educación y salud, el financiamiento de ese gasto también debe ser progresivo. La estructura tributaria debe reflejar un claro sentido de solidaridad.
Ser un Estado productivo entraña estar en la capacidad de promover el crecimiento del empleo a través de impulsar la demanda agregada, y de promover la transformación productiva y el aumento de la productividad y la competitividad.
Lo primero requiere una sólida y sostenible capacidad de financiamiento, la cual depende de los impuestos y del crecimiento económico. Lo segundo requiere desgravar lo más posible los procesos productivos, evitando las cargas que los encarecen tales como el cobro del ITBIS en las aduanas. En vez, se deben gravar los resultados de la producción, es decir, la renta.
También habría que repensar el esquema de impuestos a los combustibles y buscar alternativas energéticas más económicas y sostenibles. El sistema fiscal debe contribuir a ello.
Adicionalmente, demanda de un gasto que además de proveer infraestructura productiva, apoye el aprendizaje y las capacidades de innovación de las personas, las empresas (incluyendo las agropecuarias) y el Estado, y un esfuerzo permanente por acompañar a las empresas y los sectores en la conquista de mercados externos. Es por ello que el gasto en educación y capacitación, y el gasto social en general, son centrales en una estrategia de desarrollo productivo.
Ser un Estado ético implica contar una gestión tributaria y procesos presupuestarios transparentes, y que cumplan con las normas y procedimientos establecidos y éticamente aceptables. Esto supone desterrar los contratos concedidos discrecionalmente, una rigurosa supervisión financiera, un amplio acceso ciudadano a las informaciones presupuestarias, y el fin de la impunidad.
Aunque las presiones dominantes vienen de las urgencias asociadas al insoportable peso del subsidio eléctrico, al peso de la deuda pública y a las débiles recaudaciones, estos tres principios deberían guiar los esfuerzos para la llamada “reforma fiscal integral”.
El autor es economista
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