De los miles de grupos ambientalistas locales, nacionales e internacionales, está entre los más visibles. Hace tres decenios Greenpeace adquirió un barco pesquero de arrastre por 40.000 dólares, lo pintó de verde y zarpó hacia choques con balleneros japoneses y a obstaculizar ensayos de armas nucleares. El primer Rainbow Warrior fue hundido por agentes de la inteligencia francesa en 1985.
En octubre, con la tradicional botella de champaña, el movimiento bautizó el Rainbow Warrior III, una maravilla de 33 millones de dólares, parte buque de guerra con pista de helicópteros equipado para batallar con «delincuentes ambientales» y parte moderna embarcación de relaciones públicas, con instalaciones para teleconferencias y equipos de comunicaciones.
Al igual que el barco, los activistas ambientalistas de todo tipo están mostrando signos de madurez. La imagen pública sigue siendo fiel: jóvenes idealistas vestidos de osos polares, trepándose a chimeneas de plantas de carbón, colocando un cartel sobre el calentamiento global en Mount Rushmore. Al mismo tiempo, los líderes no son ya los jóvenes desaliñados de los 70. Muchos son científicos o graduados con títulos avanzados de política, negocios y, por supuesto, relaciones públicas.
Los enviados de grupos sin fines de lucro van a dejar su huella en la próxima conferencia climática de la ONU, que se iniciará el 28 de noviembre en Durban, Sudáfrica, para reanudar negociaciones sobre el control de los gases de invernadero que causan el calentamiento global.
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs, por su abreviatura en inglés) «están desempeñando un papel muy importante» en las negociaciones, dice Connie Hedegaard, comisionada climática de la Unión Europea y ex ministra danesa que organizó la cumbre sobre el clima en Copenhague hace dos años.
No sólo están formadas por «gente muy conocedora», sin que están bien coordinadas y se han aliado con empresas, lo que les da mucha influencia en las negociaciones, le dijo Hedegaard a The Associated Press. «Ellos vienen con propuestas constructivas y saben exactamente cuáles son las dificultades», afirma.
Sin embargo, críticos acusan a las ONGs de escoger selectivamente estudios científicos para promover sus causas, emitir reportes alarmistas y desequilibrados para ganar atención y perder sus raíces en acciones sociales a medida en que se convierten en entidades similares a corporaciones. Algunas, como Greenpeace, con presupuestos de centenares de millones de dólares.
Pero esas organizaciones han servido una función vital, aunque a veces controversial, para los negociadores de tratados, que a menudo son diplomáticos profesionales o funcionarios civiles sin antecedentes científicos ni la comprensión de los aspectos técnicos del calentamiento global.
«Hay necesidad de personas que expliquen los datos científicos y ayuden a quienes toman las decisiones a entender lo que nos dice la ciencia de las decisiones que están tomando. Y las ONGs a menudo han cumplido ese papel», dijo Michele Betsill, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Colorado. El problema es que esos defensores no son neutrales, como se supone lo sean los científicos. «La ciencia se vincula a posiciones específicas, y eso lleva a la politización de la ciencia», concluye.
En un asunto tan complejo como el cambio climático, a menudo son las ONGs las que compilan los estudios necesarios. En el 2007, por ejemplo, Oxfam calculó que los países en desarrollo necesitan 50.000 millones de dólares al año para adaptarse a los cambios en las condiciones del clima, como construir muros para proteger del crecimiento de los niveles del mar, o cambiar cosechas para adaptarse a nuevos patrones de lluvias. Esa cifra, respaldada subsiguientemente por analistas independientes, se ha convertido en la base para el aspecto financiero en las negociaciones.
No solamente se ha enfrentado a gigantes petroleros y otros contaminadores mayores, sino también ha puesto la mira en marcas menos obvias: Apple, por emplear substancias tóxicas en Macbooks y iPods; Mattel, por colocar sus muñecas Barbie en cajas con materiales de las selvas de Indonesia; y Nike y Adidas, cuyas fábricas en China Greenpeace dice contaminan ríos.
