El estado de desesperación que vive nuestro pueblo trabajador, en lo que respecta la dificultad para adquirir los artículos de primera necesidad, es alarmante. No transcurre veinticuatro horas sin que uno o dos artículos de primera necesidad suban de precio.
El índice de desnutrición de nuestro pueblo tiende a elevarse cada día más. La leche y la carne, por ejemplo, son productos que hace tiempo no pueden ser adquiridos por los hombres y mujeres del pueblo que viven de un salario.
Creemos que las autoridades han sido tolerantes con los especuladores de los artículos indispensables para la subsistencia de nuestro pueblo.
Recientemente la prensa nacional publicó la información de que el Procurador General de la República, había anunciado que las autoridades judiciales de todo el país laborarán en coordinación con los inspectores de Control de Precios, a fin de hacer más efectiva la acción del gobierno contra los especuladores.
Parece ser que al gobierno y al Procurador General de la República, los están engañando. Decimos esto porque a lo mejor el gobierno o el Procurador creen que se está tomando, o se ha tomado, alguna medida efectiva para hacerle frente a la especulación.
Si el Procurador está pensando que con simples pronunciamientos va a detener la ambición desmedida, insaciable de los especuladores, está equivocado. Los comerciantes que se dedican a la especulación no tienen alma, poco les importa subirle diez pesos a un artículo que el día anterior costaba uno. Especulan con los artículos de primera necesidad, con la medicina y hasta con la muerte.
Debemos de ser sinceros y decir claramente que ningún organismo ha sido eficaz para impedir o controlar las apetencias de los insaciables especuladores.
Control de Precios, hace tiempo que dejó de desempeñar el papel para el cual fue creado. Para los especuladores las declaraciones del Procurador General de la República, no tienen ningún valor porque para ellos no hay Control de Precios, no hay Poder Judicial, no hay Policía Nacional ni hay nada; en verdad, ellos son los dueños y señores que determinan a qué precio se han de vender los artículos de primera necesidad.
Los instrumentos de que dispone el Estado no están integrados para controlar la especulación que existe hoy en el país. La influencia de los especuladores es más fuerte que las leyes que se han dictado en su contra, y cualquier poder material que se les pueda aplicar es neutralizado por los vicios que dominan a las distintas instituciones del país.
Por muy buena fe de que esté animado el doctor Américo Espinal Hued, en su condición de Procurador General de la República, nada llegará a lograr en su interés por limitar o controlar la especulación que se ha convertido en un fenómeno activo y vivo de los que genera el sistema social dominante en el país.
En la sociedad que vivimos, un agiotista o especulador es un hombre que goza de poder, que tiene influencia, y esto le basta para seguir su actividad que, abusando del término, llama lícito comercio. La experiencia práctica le enseñará al doctor Américo Espinal Hued, que esta sociedad, en la forma como está organizada, no tiene salvación bajo este sistema, que la buena voluntad de los hombres tiene que inclinarse ante las ambiciones desmedidas de un grupo minoritario, pero con poder social para burlar el poder político, judicial y policial, si es necesario.
La decisión de los agiotistas y especuladores de esquilmar a nuestro pueblo no tiene límites, y su corazón de piedra no se ablanda con llamados piadosos de religiosos ni con advertencias judiciales o policiales. Lo único que mueve el poder material es la fuerza material que hoy está a merced de los insaciables especuladores. (121).
Absurda represión policial
La existencia de las libertades no depende de que estén consagradas en la Constitución política vigente de un país. La existencia real depende de que el ejercicio de los derechos y libertades formen parte de la vida democrática del país, sin otras limitaciones que aquellas que la misma Constitución establece.
Decimos lo anterior porque no tiene ninguna justificación valedera la acción represiva lanzada por la Policía Nacional contra los niños que participaban en la ciudad capital en una movilización protestando por el alza de la leche.
Resulta chocante, ante cualquier persona sensible y civilizada, que el jefe de la Policía Nacional justifique la acción de los agentes de la institución que el domingo desbarataron con bombas y macanas una marcha de niños efectuada en el barrio “27 de Febrero” de la ciudad de Santo Domingo, todo con el alegato de que el acto no contaba con el permiso oficial.
La Constitución política dominicana garantiza el derecho de los dominicanos a la protesta, al ejercicio público de los derechos y libertades que figuran en la ley de leyes, la Constitución. Si los ciudadanos no hicieran efectivo el ejercicio de la libertades, ¿qué sentido tiene de que figuren estampadas en un documento con un simple sentido teórico?
Las libertades son para ejercerlas, sin otras limitaciones que las señaladas por las leyes, y ninguna ley dispone que los dominicanos estén impedidos legalmente para protestar. Por el contrario, la protesta es una forma de darle vida a las libertades públicas.
En nada afecta a la paz o al orden público el hecho de que cientos o miles de niños se movilicen protestando por el aumento en el precio de la leche, o por un hecho cualquiera que esté en contra de sus intereses o los del pueblo en general. Satisfechos debemos de sentirnos los dominicanos de que nuestros niños desde ya se preocupen por expresar su sentir ante un hecho económico o social.
El jefe de la Policía Nacional para justificar la represión contra los niños argumentó que había sido organizada por adultos. Esto no justifica la acción policial. Si no hubiera existido un motivo para la movilización los niños no se lanzan a la protesta: pero es que el caldo de cultivo para la movilización estaba y está ahí, en el aumento de la leche que en cualquier sociedad medianamente organizada es un producto indispensable para la dieta de niños, ancianos y enfermos.
El pueblo dominicano ha luchado, y sus mejores hijos han aportado mucho sacrificio, para tener derecho a la protesta. La libertad que reclama nuestro pueblo no puede estar a merced del capricho o la voluntad individual de un jefe militar o policial. La marcha de “los biberones vacíos” se dio porque el aumento en el precio de la leche resultó irritante; como también ha irritado, a niños y adultos, el costo en otros artículos de primera necesidad, y esas son las razones por las cuales aquí están protestando hombres, mujeres, niños y ancianos.
Los que pretenden convertirse en censores e intérpretes antojadizos de los derechos y libertades de nuestro pueblo están equivocados. La lucha de los dominicanos por sus libertades no tiene límites, y por tanto, se extiende a la protesta, a las movilizaciones de masas así como a la expresión pública por reivindicaciones de contenido social que vayan en beneficio de todo el pueblo. (122).
Fuentes:
(121) El Nacional. 10 de septiembre 1984.
(122) El Nacional. 11 de diciembre 1984.
Continuará la semana próxima
