En una carta que dirigimos a Salvador por medio de esta misma columna, en fecha 14 de agosto de 1982, le decíamos: “No se espera de tu gobierno de Concentración Nacional, las transformaciones que requiere el país, pero sí medidas reformistas que hagan la vida menos áspera y asfixiante a los campesinos sin tierra, obreros y demás sectores, capas y clases sociales que en su conjunto representan las masas populares. Tú no has prometido cambiar la base económica de la sociedad dominicana, pero sí has dicho que harás un gobierno de ejemplo positivo en lo que a moralidad pública, institucionalidad, derechos humanos y libertades públicas se refiere.
Los dominicanos que tenemos las manos limpias de sangre y peculado seremos firmes vigilantes de los actos del gobierno que tú presidirás, para al menor viso de corrupción y violación de los derechos y libertades inherentes a la persona humana, si tú no actúas exigirte el cumplimiento de las leyes y la Constitución política vigente; los dominicanos con vocación democrática debemos ser exigentes contigo en lo que a moralidad pública y derechos humanos se refiere ya que además de ser un abanderado de esos principios, eres, a mi entender, el político del sistema que tiene el criterio más fino de lo que debe ser la democracia representativa”.
Lo que le decíamos en esa carta a Salvador, lo podemos repetir ahora en el sentido de que no se esperaban de su gobierno las transformaciones que requiere el país, pero si medidas reformistas. No hay que ser un sabihondo para saber que a Salvador le ha correspondido gobernar en una coyuntura sumamente difícil creada por la dependencia del país a los intereses extranjeros, por las caducas relaciones de producción dominantes y las insaciables apetencias de la minoría nacional, pero aun así se pudieron haber tomado medidas que hicieran menos pesada la vida a las masas populares, en los marcos del sistema. Salvador no ha estado bien orientado en muchas de las medidas de orden económico que ha tomado, lo que ha hecho asfixiante las condiciones de vida materiales y espirituales para el pueblo dominicano.
En lo que se refiere a los derechos humanos y las libertades públicas, si es cierto que en el primer año de gobierno, Salvador mantuvo firme su criterio en lo que respecta a los derechos inherentes a la persona humana, no es menos cierto que en los últimos tiempos se han advertido signos de deterioro en lo que a los derechos humanos y a las libertades públicas se refiere. Se han ejecutado actos contra los principios y criterios que Salvador ha difundido y defendido en todo el curso de su vida profesional, pública y política.
Con respecto a la moralidad pública, la persona de Salvador se mantiene como el mismo día que tomó posesión. Hasta ahora, seriamente, nadie tiene duda del comportamiento de Salvador en cuanto al manejo personal de los fondos públicos. Pero no se puede decir lo mismo de muchos de sus colaboradores cercanos.
El pueblo tiene feas opiniones en lo que se refiere al manejo de algunos funcionarios que, por el comportamiento y modo de vida que llevan, dan pábulo a comentarios que ponen en entredicho la honradez de todo el gobierno. Independientemente de las intrigas, chismes, celos y envidias, la verdad es que hay funcionarios que han hecho mucho, pero mucho daño a la imagen del gobierno presidido por Salvador. No ignoramos los compromisos políticos que tiene que hacer un candidato presidencial en el curso de una campaña electoral para llegar al gobierno por medio de la democracia representativa. Pero creemos que Salvador pudo formar un mejor equipo de gobierno que el que hasta ahora lo ha acompañado, porque si es cierto que tiene asesores y colaboradores que generan buena imagen a nivel público, tiene otros a los cuales el pueblo dominicano ve como los causantes de su miseria, de su desesperación y de todo lo malo que hay en este país, sea generado por fenómenos sociales y hasta de la naturaleza.
Un gobernante necesita tener como colaboradores a personas serias y responsables: que generen confianza por sí mismas, que con su sola presencia el pueblo sepa que está ante un hombre serio y honrado, incapaz de robarse un centavo del erario o de las empresas estatales, y también incapaz de decirle a Salvador que las justas protestas sociales se solucionan por medio de la persecución, el allanamiento o la represión brutal. (125)
El caso Velázquez Mainardi
Creemos que el gobierno que preside Salvador ha manejado mal el caso relacionado con el diputado y periodista Miguel Ángel Velázquez Mainardi.
Con motivo de una denuncia que hizo Miguel Ángel Velázquez, en la que señalaba que funcionarios y ex funcionarios del gobierno figuraban como accionistas de una compañía que había sido favorecida con un contrato millonario para ejecutar una obra dependiente del gobierno central, en la ciudad capital aparecieron letreros insultantes, difamatorios e hirientes contra el periodista y diputado.
Los más atinado, desde el punto de vista político, era que inmediatamente se hizo la denuncia que vinculaba a los funcionarios y ex funcionarios con la concesión de la contrata, el gobierno ordenara una profunda investigación que incluyera a las personas que, en una u otra forma, fueron mencionadas como ligadas a la compañía. Pero no ocurrió así; los días transcurrieron y hoy la opinión pública da como un hecho cierto lo denunciado por Miguel Ángel Velázquez Mainardi.
Las palabras hirientes, difamatorias e insultantes, que se colocaron en varias calles de la ciudad capital no afectaban a la persona contra la cual iban dirigidas, Miguel Ángel Velázquez Mainardi, sino al gobierno. Las personas sensatas no tenían que hacer mucho esfuerzo para creer que si se estaban lanzando palabras hirientes y amenazas contra el diputado y periodista que había hecho una denuncia que vinculaba a funcionarios y ex funcionarios en una operación determinada, era porque él estaba diciendo la verdad, y para que no la dijera se estaba combatiendo moralmente para restarle seriedad a su denuncia.
Una mentira no se combate con otra mentira ni con la represión. Si la denuncia de Miguel Ángel era falsa lo que había que hacer era probar ante la opinión pública la mentira, y las personas afectadas tenían la posibilidad de recurrir a los tribunales para que se sancionara al falso denunciante que quedaría entonces, ante el pueblo, como un difamador.
Si la denuncia respondía a la verdad luego de una investigación, lo correcto era que el gobierno sacara de sus cargos a los funcionarios relacionados con la denuncia y si procedía llevarlos a los tribunales.
Si a Salvador lo orientaron en el sentido de que debía hacer caso omiso a la denuncia hecha por Miguel Ángel Velázquez Mainardi, lo aconsejaron mal. El estaba en el deber, dada la naturaleza de la denuncia y la investidura de las personas que se señalaban como vinculadas al contrato, de ordenar inmediatamente una investigación, y si se probaba la verdad, sacar de su lado a los funcionarios comprometidos, y si no se hacía la prueba de la denuncia, hacer que los funcionarios se querellaran contra el denunciante.
Con entera franqueza lo decimos: los que aconsejaron a Salvador para que no ordenara de inmediato una investigación de la denuncia hecha, o para que la ordenara tardíamente, no son sus amigos, y si son sus asesores políticos, lo asesoraron mal y de mala fe. (126).
Con los citados artículos concluí el año 1984, fijando públicamente mi posición con respecto al gobierno de Salvador, y no podía ser de otra manera. l
Fuentes:
(125) El Nacional. 21 de diciembre 1984.
(126) El Nacional. 24 de diciembre 1984.
Continuará la semana próxima
