Dentro del conjunto de los derechos humanos universalmente reconocidos, se encuentran los derechos políticos de los individuos. Según Sonia Picado, presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): “Los derechos políticos deben ser entendidos como aquel grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado”. Se puede decir que este conjunto de derechos garantiza la facultad de los ciudadanos de participar en la vida pública.
Prueba de lo anterior es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. También destaca que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y la misma deberá expresarse mediante elecciones auténticas, celebradas periódicamente a través del sufragio universal y secreto.
Aunque estos derechos se relacionan esencialmente con elegir y ser elegido, no se agotan ahí, van más allá. Tanto el derecho constitucional como el internacional en materia de derechos humanos, reconocen que los ciudadanos tienen dos dimensiones importantes en el ejercicio de sus derechos políticos, una referida a la integración de la representación política y otra al derecho de participar en el Estado y controlar el ejercicio de las funciones públicas. Sólo el reconocimiento pleno de estos derechos permitirá afianzar la democracia en el país.
La observación electoral ciudadana debe ser reconocida como un derecho político inalienable que procura garantizar la participación de los dominicanos en los asuntos públicos y al mismo tiempo, la transparencia de los procesos electorales. En nuestro país, la observación nacional de las elecciones se viene realizando desde 1996, a partir de la integración de miles de personas que asumen su rol no solo de votar, sino también de vigilar estos importantes procesos políticos.
Es necesario que quede claro que la observación ciudadana no es una concesión de la Junta Central Electoral (JCE), es un derecho político que debe contar con todas las garantías para su ejercicio.
Son sumamente graves las constantes trabas que ha venido poniendo la JCE a las organizaciones sociales que quieren aportar a la democracia dominicana llevando a cabo un programa de observación electoral. Lamentablemente, además de la baja calidad de la campaña electoral, estas elecciones serán recordadas como las de mayor retroceso en materia del respeto al legítimo derecho de los dominicanos y dominicanas a la observación electoral independiente.
