Los reclamos por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo continúan dentro del Poder Judicial.
En esta ocasión, la magistrada Ysis Muñiz, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito y vicepresidente de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana envió una comunicación al Consejo del Poder Judicial (CPJ) donde expresa que urge un aumento salarial en todos los estamentos del escalafón judicial y ajustar los sueldos de modo que exista una proporción equitativa entre los diferentes salarios.
“Un juez de paz devenga un sueldo mensual de RD$49 mil 500 y un juez de primera instancia tienen una remuneración mensual de RD$77mil, lo que representa una diferencia de RD$27mil 500. De otro lado, un juez de la Corte percibe un salario de RD$110 mil, lo que marca una diferencia de RD$33 mil con relación a su homólogo de Primera Instancia. Finalmente un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene un sueldo de RD$274 mil 586 lo que significa una diferencia de RD$164 mil 586 con respecto a un juez de corte” reza la comunicación.
El documento del cual elCaribe tiene copia, expresa además que desde hace siete años el sueldo de los jueces a nivel nacional se encuentra congelado, situación que es alarmante y altamente peligrosa, “pues el problema no es tan simple como un aumento salarial al sector justicia. De lo que estamos hablando es de un verdadero atentado a la estabilidad y la independencia del Poder Judicial”.
A continuación se detalla el documento completo, firmado por Ysis B. Muñíz Almonte y enviada al Consejo del Poder Judicial (CPJ) el 29 de junio:
Señores:
Dr. Mariano Germán Mejía, presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y la Suprema Corte de Justicia.
Dra. Dulce maría Rodríguez
Lic. Samuel Arias Arzeno
Lic. Francisco Arias
Elías Santini Perera.
Honorables Magistrados y Consejeros:
Tengo a bien exponer lo siguiente:
Desde hace siete (7) años el sueldo de los jueces a nivel nacional se encuentra congelado. Esta situación es alarmante y altamente peligrosa, pues el problema no es tan simple como un aumento salarial al sector justicia; de lo que estamos hablando es de un verdadero atentado a la estabilidad y la independencia judicial.
Cuando se invierte en el poder judicial se le hace fuerte y esa fortaleza lo hace independiente.
Dentro de esa inversión entra necesariamente el sueldo de los jueces. Es cierto que el juez es un servidor público y como todo servidor público debe tener vocación de servicio. Pero existen algunos sectores que de forma mal sana han querido equipar esa vocación de servicio al voto de pobreza que se profesa en la vida religiosa y que busca liberar a la persona de los deseos de comodidad y satisfacción de necesidades materiales. Nada más distante de la realidad.
Los jueces tenemos familia respecto de las cuales debemos estar en las condiciones no solo de cubrir sus necesidades, sino de ofrecerle las oportunidades que les permitan formarse adecuadamente, de manera que, en el mañana puedan integrarse a la vida productiva en un mundo altamente competitivo. Es decir, que los jueces tenemos derecho a tener aspiraciones en el orden familiar, profesional y material.
La vocación de servicio implica tener una actitud de servicio hacia los demás. Y servir es cuando al momento de realizar un trabajo la persona se entrega hacia quienes pueden beneficiarse de él, sin ningún tipo de discriminación, poniendo todo su empeño y dedicación en realizar un trabajo eficiente.
La vocación de servicio dentro de la administración pública conlleva niveles de compromiso con la función que se realiza, que van más allá de sus obligaciones, porque brindar un servicio de calidad pasa ha convertirse en una prioridad para el funcionario.
Cierto es que esa vocación de servicio implica un sacrificio en el orden económico para todos los jueces del país, pues siendo profesionales que en el ejercicio liberal pueden generar mayores ingresos que lo que devengan dentro del tren judicial, optan por esta última opción.
No solo porque disfrutan el trabajo que realizan, sino también por entender que al poner sus conocimientos al servicio de la sociedad en la búsqueda de solucionar los conflictos que se suscitan, ayudan a la eficientización del sistema de justicia. Pero se hace imperioso que nosotros, servidores públicos, seamos puestos en condiciones de satisfacer de manera digna nuestras necesidades básicas.
Es oportuno recordar que, todos los jueces del país ostentamos la condición de servidores públicos. Sin embargo al momento de establecerse los sueldos no se observa una proporción entre las diferentes escalas del salario.
Un juez de paz devenga un sueldo mensual de RD$49 mil 500 y un juez de primera instancia tienen una remuneración mensual de RD$77 mil, lo que representa una diferencia de RD$27mil 500. De otro lado un juez de la Corte percibe un salario de RD$110 mil, lo que marca una diferencia de RD$33 mil con relación a su homologo de primera instancia. Finalmente un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene un sueldo de RD$274 mil 586 lo que significa una diferencia de RD$164 mil 586 con respecto a un juez de corte.
Lo expuesto precedentemente deja claro que urge un aumento salarial en todos los estamentos del escalafón judicial y de otro lado que se hace necesario ajustar los sueldos de forma que exista una proporción equitativa entre las diferentes categorías salariales.
Debemos seguir trillando el camino hacia un poder judicial independiente y en ese sentido no podemos ceder las conquistas ya alcanzadas. Por lo que resulta esencial salvar todos los obstáculos y dignificar el sueldo de los jueces. No se trata de provocar luchas a los interno del poder judicial sino de tomar conciencia que, lo que está en juego es la estabilidad de la justicia dominicana y hacer a nivel institucional los reclamos pertinentes, para lo cual debemos contar con el apoyo de los sectores comprometidos con los mejores intereses del país.
Sin otro particular, se despide,
Ysis B. Muñíz Almonte.
Juez miembro de la Tercera Sala Corte Penal D.N.
Vice presidenta de la asociación de jueces y juezas de la Rep. Dom.
