La decisión del Gobierno de posponer la reunión del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) que estaba pautada para el pasado jueves, genera en la ciudadanía diversas interrogantes. Pueden surgir opiniones a favor y en contra, tomando en cuenta los argumentos conocidos y los no expresados, pero se trata de una decisión que sorprendió a las mayorías.
Se ha dicho que los funcionarios del Gobierno todavía no tienen a mano los datos completos sobre el estado actual de la situación económica y fiscal heredada de la pasada administración. También se ha argumentado que el Gobierno decidió primero hacer las consultas de lugar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a ver si contará con un acuerdo el próximo año o si tendrá que diseñar un plan al margen del organismo.
Cualquiera de esos argumentos son lógicos y entendibles; tanto así, que el sector empresarial, en la persona de la presidenta de la Asociación de Industrias (AIRD), Ligia Bonetti de Valiente, expresó que el Gobierno puede tomarse su tiempo para elaborar su propuesta de pacto fiscal, aunque también le recordó que el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos debe estar listo el 1 de octubre, según mandato legal.
Pero esos argumentos para justificar la posposición de la reunión, que ahora estaría pautada para el 17 de septiembre, también dan la impresión de que durante los 85 días entre el 20 de mayo y el 16 de agosto, la comisión de transición gubernamental prácticamente no avanzó en el levantamiento e intercambio de informaciones, a pesar de ser un cambio de mando de un mismo partido político, es decir, entre compañeros conocidos.
Si no se aprovechó la transición para levantar la información necesaria y hacer contactos con el FMI, es preciso que ahora las autoridades apresuren el paso, que trabajen en las diligencias correspondientes, para que no se posponga otra vez la reunión y que no se atrase la propuesta de Pacto Fiscal.
