El sector automotriz calcula que de cada peso que paga el adquiriente de un vehículo, 45 centavos son impuestos, la banca afirma que su carga fiscal y cuasi fiscal es de un 60%, y la industria en general dice que soporta una presión fiscal de un 42%. Todos hablan de cierre y hasta de quiebra.
Un estudio reciente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo refleja que el temor a los impuestos es el principal elemento que provoca informalidad en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
En la otra acera, el Gobierno cita que la presión tributaria del país es de apenas un 13% y que tiene el compromiso, asumido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de elevarla al 16%.
Son argumentos sectoriales de rechazo, los primeros, a la propuesta del Gobierno para una reforma tributaria, y de justificación, los segundos, a la iniciativa oficial. Desde el sector privado mayoritariamente los pronósticos son críticos, y revelan que nadie quiere que el peso de los ajustes le caia encima.
La propuesta del Gobierno, que busca subir dos puntos porcentuales a la presión tributaria, ha desatado una oposición generalizada del sector empresarial, que se aferra a su planteamiento tradicional de que el Gobierno enfrente el déficit fiscal también por lado de los gastos.
En forma global a través su órgano cúpula, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y a través de las distintas asociaciones y federaciones sectoriales, el sector privado ha asumido una actitud apocalíptica frente al paquete fiscal, que se centra en ampliar y aumentar la tasa del ITBIS, subir los impuestos selectivos al consumo, cambiar el impuesto de placa, llevándolo a un 1% del valor del vehículo, modificando el impuesto a las viviendas y solares, para convertirlo en un impuesto a la propiedad, con una tasa de un 1% sobre el valor consolidado de los bienes inmuebles de la persona, y la extensión por un año de algunos impuestos que concluyen a mediado del próximo año 2013.
Argumentos privados
En comunicados y en declaraciones individuales de dirigentes empresariales se insiste en que los ingresos fiscales han aumentado en niveles elevados, pero que el gasto ha crecido a mayor velocidad, con lo que le echa en cara al Gobierno que el problema no es insuficiencia de recaudaciones, sino descontrol del gasto público.
“El grave deterioro que experimentan las finanzas públicas de nuestro país, tiene su origen fundamentalmente en el aumento desmedido e insostenible del gasto público. Para el cierre de este año, el gasto proyectado es más de un 40% por encima del año anterior”, dijo el Conep en un comunicado que emitió para fijar su posición sobre la propuesta del Gobierno.
“Paradójicamente, este aumento continuo en el gasto público gubernamental no se ha traducido en más ni en mejores servicios públicos para la población, ni en adecuados niveles de competitividad que propicien mayores fuentes de trabajos formales. Esto se evidencia en la caída de nuestro índice de competitividad según reporta el Foro Económico Mundial, el cual coloca al país en la posición 105 de un total de 144 países”, agregó.
Luego de ese comunicado, surgieron otras posiciones sectoriales, como la de las tres organizaciones de distribuidores de vehículos, que el pasado miércoles expusieron en un documento conjunto que de aprobarse la reforma fiscal como ha sido propuesta, “la mayoría del parque vehicular pasaría a pagar entre un 20 y 22% del valor del vehículo”, contradiciendo lo que estipulan los tratados de libre comercio suscritos por el país, que contemplan desmontes arancelarios progresivos.
Pidieron “evitar repetir experiencias del pasado cuando medias similares debieron rectificarse posteriormente por el impacto negativo en las recaudaciones”
.Una posición similar planteó el sector cervecero, cuyo impuesto selectivo se proyecta duplicar en tres años, llevándolo de un 7.5% actual a un 15%, en tres años, con alzas de 2.5%. A un 15% fue elevado en una reforma hecha en el 2005 que tuvo que ser revertida porque las recaudaciones cayeron en un 18%, según han dicho voceros del sector.
El sector turístico, en cambio, ha objetado que se proyecte aumentar el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, porque encarecería el paquete turístico que se oferta en el país. Las bebidas figuran entre los bienes más demandados por los hoteles.
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) ha planteado que la propuesta de reforma presentada por el Gobierno, en la parte de los incentivos fiscales de ese sector, afectaría la competitividad de las empresas del área y provocaría cierre de las de capital extranjero, al vencer sus permisos operacionales.
“Modificar el esquema de incentivos a este sector, sin tomar en cuenta nuestra competencia internacional, provocaría que la gran mayoría de las 578 empresas de zonas francas, de las cuales el 64% son extranjeras, cierren sus operaciones a medida que se venzan sus permisos de operación y los incentivos existentes”, dijo Adozona en un comunicado que publicó para plantear su posición.
De su lado, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana advirtió que “un cambio abrupto de las reglas de juego a la hora de llevar a cabo la reforma atentaría contra la esencia de aquello que atrajo dichos capitales y pone su flujo en peligro. Además, se convierte en incentivo para su retirada y en retranca para nuevas inversiones”.
En tanto que la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) afirmó que el proyecto de reforma tributaria constituye una seria amenaza para el sector y que, de aprobarse, podría paralizar los nuevos flujos de capitales y, en consecuencia, la generación de empleos y el acceso a tecnología de punta.
La entidad basó su apreciación en el aspecto de la propuesta que busca gravar con un impuesto de 10% el reparto de beneficios de los accionistas de las empresas, en adición a la tasa corporativa de 29% que existe en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios exigió a las autoridades presentar una propuesta de ajuste del gasto público. l
