La confianza de la ciudadanía en el Estado está severamente dañada. Nunca ha estado en buen estado. El modelo económico, social y político ha creado y concentrado riqueza a partir del trabajo y de los recursos de la mayoría, excluyéndole de sus beneficios. El Estado ha sido una pieza central en el funcionamiento de ese modelo, y ha sido una fuente de privilegios para unos pocos; eso es razón suficiente para que sea percibido de esa manera.
Sin embargo, en años recientes la desconfianza parece haberse exacerbado en la medida en que los grupos políticos han llevado a niveles insospechados el abuso en el uso y la apropiación de los recursos públicos para beneficio propio y para apuntalar sus proyectos económicos privados.
El masivo rechazo a la propuesta de reforma tributaria hecha recientemente por el gobierno es un reflejo de ello. Y eso es algo que no puede subsanarse en lo inmediato con declaraciones de buenas intenciones o con algunas medidas que marquen diferencias respecto a las extravagancias de la administración anterior, máxime cuando muchos de sus protagonistas continúan estando en posiciones de poder.
Es en ese contexto que hay que entender la compacta y unánime posición que asumieron las organizaciones integrantes del Consejo Económico y Social (CES) frente a la propuesta de presupuesto del gobierno para 2013 que asume un importante incremento en la carga tributaria y que no se acompaña de una reducción significativa del gasto con respecto a los niveles absurdamente elevados de 2012.
En una postura inusual para un conglomerado diverso y contradictorio como ese, el CES se le plantó al gobierno y, al rechazar la propuesta presupuestaria global, dijo un rotundo y contundente “¡no más!”.
Con ello, impugnó al Estado y el accionar de quienes han estado detrás de él, y se opuso a la posibilidad de continuar financiando con nuevos impuestos un aparato público que no sólo no sirve para un desarrollo incluyente, algo que quizás sea mucho pedir para algunos, sino que obstaculiza, por acción u omisión, la emergencia y crecimiento de nuevos y pujantes emprendimientos económicos independientes de los grupos políticos o de los sectores económicos tradicionales y de poder. Eso, junto a otras razones, es lo que explica el fuerte consenso logrado al interior del CES.
Pero además, la premura con que el gobierno pretendió conocer el paquete tributario en el CES y la ausencia de propuestas concretas y verificables de cambios en la calidad y la dirección del gasto público reveló rápidamente que no se estaba ante un compromiso real de avanzar en un pacto de largo alcance, sino en resolver una urgencia presupuestaria, para la cual se buscaba algún grado de legitimidad. Esto influyó en que la reacción de la membresía del CES fuese la que fue.
La postura firme y unificada de los diversos actores tomó de sorpresa al gobierno, que al parecer esperaba división a partir de los intereses divergentes, y algún tipo de apoyo de los sectores social y laboral en la medida en que parte de la propuesta tributaria grava la riqueza.
Pero eso no fue suficiente porque, a pesar del discurso del Presidente y de algunas acciones positivamente valoradas, la desconfianza se impuso. Y no es para menos. Después de todo, las administraciones del PLD han jugado un papel estelar en el dispendio, y el aprovechamiento ilegítimo e ilegal y el uso abusivo de los recursos que nos pertenecen a todos y todas.
Empezar a reparar la confianza lastimada es una tarea ingente y todavía no está claro cuán firme es el compromiso de la administración con ello. La tozudez con que el gobierno resistió retornar el gasto total real a los niveles de 2011 revela no sólo los apuros vinculados a la deuda, la electricidad y la educación, sino también la firmeza del compromiso con una clientela partidaria y empresarial que riñe con el discurso y que restringe las posibilidades de hacer una política pública sana.
Mientras eso perdure, difícilmente habrá apoyo público para el Presidente y su gestión. La llave está, más que nada, en sus manos.
