Evitemos desacreditar el 4%

La administración del Presidente Danilo Medina se convertirá en la primera en cumplir con el mandato de la Ley General de Educación…

La administración del Presidente Danilo Medina se convertirá en la primera en cumplir con el mandato de la Ley General de Educación (LGE) que establece una inversión mínima de 4% del PIB en Educación. En realidad, invertirá más de 4%, pues los RD$99,648 millones del Ministerio de Educación (MINERD), excluyen la asignación al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

Cuando se aprobó la LGE , la Secretaría de Educación era responsable de la educación pre-universitaria, del nivel superior (art. 32 de la Ley) y de promover el fomento de la educación científica y tecnológica (Cap. V de la Ley). El MESCYT se creó en el 2001 a través de la Ley 139-2001.

Por tanto, el Presupuesto que se asigna a ese ministerio debe ser considerado para fines del cumplimiento del 4% del PIB en Educación. El Gobierno ha accedido a no hacerlo, y por tanto, si al MINERD se asigna el 4% del PIB (RD$99,648 millones) y al MESCYT se asigna el mismo monto que en el 2012 (RD$7,789.5 millones, 0.31% del PIB del 2013), el Gobierno terminaría invirtiendo en Educación el 4.31% del PIB en el 2013.

Este cambio trascendental se debe en gran parte al esfuerzo desplegado por la Coalición Educación Digna durante los últimos años y el cual apunta a cosechar un éxito considerable cuando se materialice este aumento sin precedentes en la inversión en educación. En los primeros 9 meses del 2012, el Gobierno ha asignado al Ministerio de Educación un total de RD$34,460.2 millones, lo que permite proyectar que para el 2012 la asignación terminará en RD$49,550 millones. Si en el 2013 el Gobierno destina RD$99,648 millones, tendremos que de un año a otro, la inversión se habrá duplicado.

La Coalición merece la felicitación por haber logrado lo que ninguna otra entidad de la sociedad pudo en los últimos 15 años: someter al Gobierno al cumplimiento de la Ley que establece la inversión en educación de 4% del PIB.

Por razones desconocidas, luego de haber logrado su propósito inicial, la Coalición ha planteado que el Gobierno puede invertir ese 4%, sin necesidad de aumentar sus recaudaciones impositivas. En otras palabras, que con ingresos corrientes de 13% del PIB, el Gobierno puede invertir 4%, la tercera parte, en educación.

Tengo la impresión de que la Coalición no ha realizado un análisis profundo para llegar a esa conclusión. Si hubiesen echado un vistazo a la realidad en América Latina, quizás no hubiesen hecho ese planteamiento.

Los países de la región cuyos gobiernos invierten 4% o más del PIB en educación, reciben ingresos corrientes de 22.7% y más del PIB. Ecuador, invierte en educación 5.5%, pero recibe 45.5%; Brasil, invierte 6.0%, pero recibe 38.1%; Argentina, invierte 6.0%, recibe 37.4%; Uruguay invierte 4.3%, recibe 29.2%; Bolivia invierte 6.3%, recibe 27.9%; Venezuela invierte 5.5%, recibe 26.5%; Colombia invierte 4.8%, recibe 25.7%; Chile invierte 4.6%, recibe 25.0%; Jamaica invierte 6.1%, recibe 24.9%; Nicaragua invierte 5.5%, recibe 24.7%; Paraguay invierte 4.1%, recibe 24.4%; México invierte 4.1%, recibe 23.5%; Costa Rica invierte 6.3%, recibe 23.1%; y Honduras invierte 7.9%, recibe 22.7%. Panamá invierte 3.9%, recibe 26.5%; y El Salvador invierte 3.2%, recibe 20.1%.
Los gobiernos de América Latina invierten en promedio 5.0% del PIB en educación, pero reciben en promedio ingresos corrientes de 26.6% del PIB. En otras palabras, después de invertir 5.0% del PIB en educación, a los gobiernos de la región les queda 21.6% del PIB de ingresos para cubrir todas las demás responsabilidades del Estado. Lo que la Coalición plantea es que el Gobierno dominicano invierta 4% del PIB en educación, quedándole apenas 9% del PIB para todo lo demás, menos de la mitad de lo que le queda al promedio de los gobiernos de la región. Me parece, por tanto, que la Coalición no observa lo que sucede en nuestro continente cuando demanda el 4% sin mayores ingresos para el Gobierno.

En vez de abanderarse de una regla imposible de cumplir aquí o en cualquier lugar del Planeta, la Coalición debería concentrar todo su tiempo y recursos en asumir el reto más importante que tiene por delante: contribuir con el Gobierno que ha decidido invertir el doble de los recursos que se invierten actualmente en educación pre-universitaria, para garantizar, como bien ha advertido la ministra de Educación, que ese esfuerzo gigantesco derive en una mejora en la calidad de la educación dominicana.

El Gobierno ha anunciado que una parte del aumento en la inversión en educación se destinará a la construcción de 10,000 nuevas aulas escolares. Con ese esfuerzo se comenzará a enfrentar el déficit de 29,954 aulas en todo el país que existía en el 2011. De los RD$50,098 millones de aumento en la inversión en educación pre-universitaria que tendría lugar en el 2013, RD$21,979 millones se derivarán del aumento en la construcción nuevas aulas con relación a las presupuestadas en el 2012.

Nadie discute la necesidad de construir nuevas aulas, pero debemos tener claro que esa inversión no es la fundamental para mejorar la calidad de la educación. Como bien ha dicho Gordon Whitman, “la calidad en la educación es enteramente un asunto de aprendizaje de los estudiantes…Mejorar la calidad de la educación necesariamente significa mejorar la calidad de la enseñanza que los estudiantes experimentan en las aulas.”

De nada sirve que construyamos 30,000 aulas nuevas y que borremos de golpe el déficit de aulas, que dotemos a las escuelas de laboratorios modernos, de abundancia de computadoras, de bibliotecas, de cómodas y seguras instalaciones deportivas, de un ambiente ejemplar para educar y aprender, si la pieza clave del proceso de aprendizaje, que no es otra que la interacción de los maestros y los estudiantes, se mantiene como hasta ahora.

El talón de Aquiles del sistema educativo dominicano es la muy disminuida capacidad de nuestros maestros para enseñar e inspirar a los estudiantes. Una larga tradición de bajos salarios ofrecidos por el Estado dominicano a los maestros del sistema público ha estimulado un proceso de selección adversa de quienes finalmente entran al servicio público como maestros. Quienes ingresan a la carrera docente en su mayoría son personas provenientes de hogares de bajos niveles de ingresos, muchas veces rechazados para ingresar a otras carreras y que encuentran en el magisterio una carrera fácil que les permitirá conseguir un ingreso de subsistencia.

A diferencia de otros países donde los gobiernos ofrecen salarios más altos a los maestros que los que el mercado ofrece a profesionales de otras carreras cuando se gradúan de las universidades, en RD la política ha sido al revés. La profesión de maestro durante décadas fue devaluada más que el peso. ¿Qué incentivos tenían las universidades y los centros de formación de maestros de establecer programas rigurosos para la carrera docente cuando el insumo que iba a ingresar a dichas carreras era el que mayores deficiencias académicas arrastraba en sus estudios pre-universitarios?
Este es el problema fundamental de nuestro sistema educativo público. Y es ahí donde todos debemos concentrarnos. Su solución va a requerir mucha voluntad política.

No hay forma de garantizar un crecimiento sostenido y robusto a largo plazo, si no mejoramos dramáticamente la calidad de la educación. El Gobierno y la Coalición deben acordar un Pacto Educativo e involucrar a las organizaciones empresariales, sindicales, religiosas y a los partidos políticos.

Ese pacto debe abordar como primer punto las acciones que tendremos que tomar para enfrentar el déficit más grande que tiene el país en estos momentos, el de maestros de calidad.

En el Presupuesto del 2013 se estipula contratar 10,000 nuevos maestros. ¿Pero a quiénes es que se piensa contratar?
¿A maestros con iguales o peores deficiencias que los que hoy imparten docencia en nuestras escuelas públicas? De seguro que no mejores, pues mientras en el 2012 se presupuestó contratar 3,000 nuevos maestros con un salario promedio mensual de RD$17,659.00, a los 10,000 del 2013 se les pagarían RD$8,752.00 al mes. Preocupa también que del aumento de RD$50,098 millones que recibiría el Ministerio de Educación, apenas RD$266 millones son explicados por el aumento en el presupuesto para formación de docentes.

Hace 16 años sugerí la urgente necesidad de traer 3,000 maestros y capacitadores del exterior para que entrenaran a los maestros dominicanos aptos para la capacitación, pues no todos lo estaban.

Muchos de nuestros maestros tendrían que ser pensionados anticipadamente. Sugerimos que los maestros traídos del exterior asumiesen la responsabilidad de impartir docencia en nuestras aulas.

Señalé que una parte de los maestros podían venir de Cuba, donde la formación en matemáticas, ciencias y lenguaje es una de las mejores de la región, mientras que de EUA traeríamos maestros para la enseñanza de inglés.

Ahora que el gobierno cubano ha flexibilizado los permisos de viajar al exterior a los ciudadanos de ese país, se presenta una coyuntura ideal para nosotros beneficiarnos de un Mariel académico que impactaría favorablemente en la calidad de nuestro sistema educativo.

Lo único que cambiaría con relación a la propuesta que hicimos en 1996 es la cantidad. En un primer año, deberíamos traer, si fuese posible, 5,000 maestros cubanos.

Por favor, que nadie salga con la tontería de que eso es políticamente peligroso debido a que los cubanos podrían infiltrar “su ideología” en nuestras escuelas públicas. El problema educativo dominicano es demasiado grande como para tener que escuchar semejantes pendejadas.

Sugiero que esto se combine con el uso de “maestros virtuales”, que pueden enseñar a nuestros estudiantes de escuelas públicas de una manera que a nuestros maestros le podría tomar años dominar. Los maestros virtuales, como los que enseñan libre de costo en Khanacademy.org, contribuirían a elevar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes y de nuestros propios maestros. Una buena inversión en computadoras y acceso generalizado al internet es lo que se requeriría.

Finalmente, debemos reformar el sistema de incentivos de la carrera docente de manera tal que nos permita encontrar y reclutar a los candidatos más aptos para la docencia, desarrollar instructores y maestros efectivos y lograr el buen desempeño de todos los estudiantes. Quienes deseen ingresar al magisterio tendrían que tener un elevado índice académico en sus estudios universitarios.

De los candidatos, a través de un proceso riguroso, seleccionaríamos a los mejores luego de aprobar exámenes estandarizados y sin importar su afiliación o preferencia política. A los elegidos el Estado les pagaría un salario superior al que el mercado ofrece a los egresados de otras carreras. Así comenzaríamos a transformar y elevar el prestigio de la profesión de maestro. Y evitaríamos desacreditar el 4%. l

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