TEGUCIGALPA, Honduras— El Departamento de Estado, que gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la policía de Honduras, ha asegurado al Congreso de Estados Unidos que el dinero sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa de un jefe de la policía que ha sido acusado de asesinatos extrajudiciales y de ejercer una política de «limpieza social».
Pero The Associated Press ha descubierto que todas las unidades de la policía de Honduras se encuentran bajo control de su director general, Juan Carlos Bonilla, apodado «Tigre», que en 2002 fue acusado de tres ejecuciones extrajudiciales y de estar relacionado con 11 muertes y desapariciones adicionales. Fue juzgado por un asesinato y absuelto. El resto de los casos nunca fueron investigados en profundidad.
La ley de Honduras prohíbe que ninguna unidad actúe fuera del control de su director general, según un alto funcionario del sistema de seguridad que sólo aceptó hablar del tema si se mantiene su identidad bajo anonimato. Dijo que eso es verdad en la práctica, así como en el papel.
Y Celso Alvarado, profesor de derecho penal y consultor de la Comisión de Reforma de la Seguridad de Honduras, está de acuerdo.
«Todos los policías de Honduras, independientemente de sus funciones puntuales, están en dependencia jerárquica y de obediencia del director general», dijo Alvarado.
«Los programas de seguridad que Honduras desarrolla con los Estados Unidos están bajo control de los ministros de Seguridad y Defensa», dijo el canciller Arturo Corrales, que negocia los acuerdos con el Departamento de Estado.
Pero el alto funcionario del sector de seguridad que pide no ser citado dice que la contradicción entre lo que dicen los acuerdos y la práctica política es necesaria en un país en situación de emergencia.
Con 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la pequeña nación centroamericana es considerada con frecuencia el país más violento del mundo. Alrededor del 40% de la cocaína dirigida a los Estados Unidos —y el 87% de los vuelos de contrabando de esta droga, provenientes de Sudamérica— pasan a través de Honduras, según el Departamento de Estado.
Las acusaciones contra Bonilla, junto a toda una serie de preocupaciones respecto a asesinatos cometidos por la policía y el ejército, dieron pie a que el Congreso congelase alrededor de 30 millones de dólares de ayuda a Honduras el pasado agosto. La mayoría ha sido restituida tras acuerdos con el Departamento de Estado sobre la supervisión de las operaciones hondureñas que reciben dinero de Estados Unidos.
El acuerdo no menciona a Bonilla específicamente, pero el senador por Vermont Patrick Leahy, que lidera un grupo de representantes preocupados por las violaciones a los derechos humanos en Honduras, dejó claras sus intenciones la semana pasada:
«Ninguna unidad bajo control del general Bonilla debería recibir asistencia por parte de Estados Unidos sin información creíble que refute las graves acusaciones contra él», dijo en un correo electrónico enviado a la AP.
Hasta el momento esa información no ha sido proporcionada por el Departamento de Estado, y lo que la AP ha descubierto está generando más preguntas.
«El senador Leahy le ha pedido al Departamento de Estado que aclare cómo diferencia entre lo que le dijeron al Congreso y lo que se dice dentro de las unidades de la policía de Honduras bajo su mando», dijo el viernes Tim Rieser, ayudante de Leahy. «El senador Leahy, al igual que otros, ha dejado clara desde hace tiempo su preocupación en torno al general Bonilla y la conducta de la policía de Honduras».
Decenas de congresistas en Estados Unidos, Leahy entre ellos, han mostrado su incomodidad durante años por los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía de Honduras, una fuerza de 14.000 agentes considerada una de las más corruptas del mundo.
La AP informó el domingo que dos personas relacionadas con pandillas y que fueron detenidas por la policía en enero han desaparecido, alimentando las acusaciones esgrimidas desde hace tiempo respecto a que la policía de Honduras opera escuadrones de la muerte implicados en una política de «limpieza social». También descubrió que, durante los últimos tres años, la fiscalía de Honduras ha recibido hasta 150 denuncias sobre operaciones que responden a un patrón de escuadrones de la muerte tan sólo en la capital, Tegucigalpa, y al menos 50 más en San Pedro Sula, motor económico del país.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, basándose en cifras de la policía, ha contado 149 civiles asesinados por agentes policiales en los últimos dos años, entre ellos 25 miembros del Barrio 18, una de las mayores pandillas del país.
Sam Farr, representante por California, le envió el despacho de AP a todos los miembros del Congreso el viernes. Les dijo «comparto la preocupación que se señala en este texto sobre la ausencia de pesquisas respecto a las violaciones a los derechos humanos a manos de oficiales de las fuerzas de seguridad de Honduras».
La ley de Estados Unidos, de acuerdo con una enmienda que lleva el nombre de Leahy, requiere que el Departamento de Estado certifique a todos los miembros de fuerzas de seguridad extranjeras que reciben ayuda estadounidense para cerciorarse de que los receptores no han cometido violaciones a los derechos humanos. Si se descubriese que sí se cometieron, el dinero es retenido.
En un informe de agosto pasado el Departamento de Estado dijo que Honduras cumple con los requisitos de la Ley de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, la cual exige que el secretario de Estado le facilite pruebas al Congreso de que Honduras está protegiendo la libertad de expresión e investigando y juzgando a todo el personal militar y policial acusado de violaciones a los derechos humanos.
«El Departamento de Estado ha establecido un grupo de trabajo para examinar profundamente las acusaciones contra Bonilla con el fin de garantizar que cumplen con la Ley Leahy», decía el informe al Congreso. «Mientras esta revisión tiene lugar, limitamos de manera cuidadosa la asistencia a aquellas unidades de las fuerzas de seguridad de Honduras formadas por personal examinado según el procedimiento Leahy que reciben entrenamiento, guía y consejo directamente de fuerzas de seguridad de Estados Unidos y no se encuentran bajo supervisión directa de Bonilla».
Cuando la AP le preguntó respecto a si las unidades de la policía de Honduras que trabajan con la embajada de Estados Unidos le reportan a Bonilla, el funcionario del que no se puede citar su nombre respondió: «Sí, eso sucede debido a lo que dice la Ley Orgánica y por cuestiones de lealtad personal».
El apoyo estadounidense llega a unidades hondureñas que colaboran con el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) para operaciones antinarcóticos y unidades de seguridad fronterizas, antipandillas y antisecuestros, según un funcionario de la embajada que carece de autorización para proporcionar su nombre.
El Departamento de Estado anunció el lunes otros 16,3 millones de dólares en apoyo a la policía y los fiscales de Honduras para combatir la violencia, el lavado de activos y para mejorar la seguridad fronteriza. Parte del dinero estadounidense va a al Programa de Entrenamiento, Educación y Resistencia Antipandillas (GREAT, por sus siglas en inglés), un programa diseñado en Estados Unidos que es manejado por el director de la Policía Comunitaria, quien también le reconoció a la AP que le reporta directamente al general Bonilla.
«Yo sólo le reporto al director general; todos los programas de la policía de Honduras son dirigidos personalmente por él», dijo el subcomisionado Otoniel Castillo. «Tiene una cercanía intensa y personal con todos los proyectos de la cooperación internacional, especialmente debido a sus buenas relaciones con la embajada de los Estados Unidos».
Ni el secretario de Estado adjunto William R. Brownfield, ni la designada presidencial (vicepresidenta) del país, María Antonieta Guillén, que comparecieron en público el lunes para presentar el nuevo paquete de ayuda, admitieron preguntas de la prensa.
«Los Estados Unidos desarrollan estrictos procedimientos de revisión como requiere la ley para garantizar que la ayuda no llega a individuos o unidades de la policía o el ejército si hay información creíble de que están relacionados con abusos de los derechos humanos», dijo William Ostick, portavoz de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, perteneciente al Departamento de Estado. «Estamos en comunicación constante con el Congreso y con el senador Leahy respecto a este tema. Defender los derechos humanos y el estado de derecho es y continuará siendo fundamental para nuestro compromiso con Honduras».
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