La alta incidencia de actividades económicas informales es una de las características más sobresalientes de las economías de los países de ingresos medios y bajos. Son actividades que no tienen vínculos con las instituciones formales y tienden a operar fuera del ámbito de la regulación pública directa.
En República Dominicana, de acuerdo a la definición del Banco Central, más de la mitad de la población ocupada realiza actividades informales, y la proporción ha estado creciendo moderadamente en los últimos años. La inmensa mayoría de estas personas son cuentapropistas, o personas ocupadas en emprendimientos muy pequeños.
Algunas voces del sector empresarial han argumentado que la informalidad es uno de los desafíos más importantes de los negocios formales porque éstos últimos no enfrentan las cargas directas que se derivan de estar sujetos a la regulación pública como los impuestos, las obligaciones derivadas del régimen de la seguridad social y otras. Esto resulta, se dice, en un desbalance competitivo y en menores recaudaciones públicas. De allí que se proponga una cruzada para formalizar a los y las informales, ya sea a través de acciones punitivas que les fuercen a someterse a la regulación, o por la vía de reducir los costos de la formalización como una reducción generalizada de las regulaciones y las cargas tributarias.
Sin embargo, la idea de formalizar la informalidad es cómo poner la carreta delante de los caballos. Se vincula mucho a una concepción que asocia la informalidad con la ilegalidad, y con actividades subterráneas o menos legítimas que las formales, y frecuentemente menosprecia los servicios que el sector informal le presta al sector formal. Eso no da muchas luces para una política pública que apueste al desarrollo, a la equidad y a la inclusión.
El rasgo más destacado de la mayoría de actividades informales no es su carácter extra-institucional, sino su baja productividad y los reducidos ingresos que generan. De hecho, la condicional legal e institucional de ellas es en mucho un resultado de su pobreza. Los y las informales están generalmente al borde de la subsistencia, como negocios y/o como personas. En ese contexto toman decisiones estratégicas, entre ellas, si formalizan o no algunas de sus operaciones o todas ellas. Para ello evalúan costos y beneficios de hacerlo, de adoptar nuevas prácticas y de integrarse a instituciones que generalmente no están pensadas para ellas, que no responden a sus necesidades y que tienden a suponer más costos que beneficios. Por eso es tan difícil formalizar la informalidad.
Por ello, antes que procurar eso, la política pública debe enfocarse en tres objetivos primarios. El primero es hacer que la economía formal, de mayor productividad y con capacidad para acumular y crecer, tenga mayor dinamismo y genere más empleos. Después de todo, una de las principales razones para que exista el sector informal pobre es la incapacidad que ha mostrado el sector formal de crecer a un ritmo y de una manera que genere oportunidades crecientes de empleo decente para una población en edad de trabajar que crece constantemente. Entre otros roles, el sector informal actúa como un reservorio de fuerza de trabajo en el que el sector formal “deposita” las personas que expulsa en tiempos de reducción de la actividad, y de donde se alimenta en tiempos de mayor crecimiento.
El segundo es incrementar las capacidades productivas y de gestión y los rendimientos de las actividades de las personas pobres que están en la informalidad. Para ello, el Estado debe contribuir construyendo entornos favorables al crecimiento y la transformación productiva de ese tipo de negocios, e impulsando programas dirigidos a ellos. El tercero es un pre-requisito del segundo: adaptar las instituciones y las prácticas públicas a las demandas y necesidades de los micronegocios y las personas que trabajan por cuenta propia. Es la única forma en que el Estado puede llegar a ellos, generando incentivos para un provechoso relacionamiento entre ellos y el Estado, sin que su presencia se perciba como una amenaza.
Pero el objetivo no es formalizarles, sino promover el escalamiento tecnológico, y el aumento de los rendimientos, de las capacidades y las oportunidades de crecimiento de las actividades de las personas pobres en la informalidad. En esta perspectiva, la formalización sería un resultado indirecto de un proceso exitoso de transformación y desarrollo.
