La directora ejecutiva del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) denunció ayer que hay una intención programada para desaparecer a ese organismo.Según Altagracia Paulino, la trama está montada por sectores que vivían muy cómodos de la cultura del engaño, que han sido afectados con las acciones de Pro Consumidor.
La denuncia de Paulino se produce como una reacción frente a la decisión de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), quien decidió el pasado 29 de mayo, mediante sentencia, que Pro Consumidor no tiene facultad para imponer multas.
Lo extraño e incongruente del caso, es que ese mismo tribunal, según dijo Paulino, le había dado la razón 15 veces a Pro Consumidor, cuando rechazó las medidas cautelares que habían colocado empresas que comercializan gas propano en el país. “Es ahí donde uno tiene que pensar cosas feas, es un cambio muy drástico y extraño el mostrado por esta magistrada, que yo la creía muy seria”, dijo la funcionaria, entrevistada en su despacho. Cuando Paulino habla de “la jueza”, se refiere a Delfina Amparo de León Salazar, quien preside el tribunal junto a Mildred Hernández Grullón y Sergio Antonio Ortega.
La magistrada expuso en su fallo que en ninguna parte de la Ley General de Derechos del Consumidor o Usuario (358-05) se otorga a Pro Consumidor la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la comprobación de infracciones precisadas en el artículo 112 de esa legislación.
La sentencia emitida contra Pro Consumidor es la 183-2013 y se produjo en respuesta a un recurso contencioso administrativo interpuesto por la compañía Propagas, a través de sus abogados Luis Ramón Salcedo, J. Guillermo Estrella Ramia, Marcela Carias y Patricia Núñez Jáquez.
