La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana protestó ayer por los pronunciamientos del procurador General de la República, quien calificó de vergonzosa la sentencia que declara extinta la acción en el caso de Bahía de las Águilas. “Si algo parece desastroso y vergonzante, es que alguien en su posición haya podido utilizar tales epítetos frente a los jueces (as) que han adoptado una decisión judicial en la que su institución tiene condición de parte”, indica una comunicación abierta dirigida a Francisco Domínguez Brito.
Los magistrados sostienen, además, que “no nos preocupa la crítica a la decisión de los jueces; nos preocupa el uso pernicioso de una posición pública para demeritar a la Justicia, eludiendo el problema real que debe ser discutido; a saber, si los jueces han podido dar o no la decisión en el sentido en que la han dado, en la situación concreta, a partir de los estándares del Derecho vigente y la realidad de los hechos”.
La extinción de la acción beneficia al imputado Jaime Rodríguez, exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y a la esposa del primero, Reyna Margarita Martínez, acusados de la expropiación de terrenos en Bahía de las Águilas, Pedernales.
Agregan que no es la decisión judicial la que puede generar desconfianza en la ciudadanía como se le atribuye haber dicho a Domínguez Brito, sino que alguien en su posición emita tales juicios frente a unos jueces que, por lo que han conocido, han dado una decisión explicando los fundamentos.
“Nos parece, que en tales circunstancias, lo más honorable y saludable para el derecho de los ciudadanos, es que las críticas se centren en lo correcto o incorrecto de lo decidido a partir de sus fundamentos y no exponer a los jueces a la desconsideración pública”, dice el documento. Aclaran que no estiman deseable la declaración de extinción de la acción pública en caso alguno, a menos que en derecho sea lo necesario y lo correcto conforme a los principios y a los valores de la Constitución.
Los magistrados indicaron que solo se justifican los ataques, insinuados o frontales, mediante una acción penal o disciplinaria y, por tanto, de lo contrario, indica la carta, sus comentarios quedarían en el terreno de la real malicia y el interés pernicioso de una parte. Dejaron abierta la carta para que el magistrado rectifique sus declaraciones que para ellos resultó extraña y sorprendente.
¿Quién es responsable?
El Código Procesal Penal en su artículo 44 plantea trece razones para declarar la extinción del proceso, solo dos fueron suficientes para que dos tribunales declararan la extinción del caso de Bahía de las Águilas: la prescripción (más de 10 años de un expediente inactivo) y la duración máxima del proceso (tres años sin sentencia).
Este expediente tiene muchas aristas, pero las autoridades aclaran que nada tiene que ver el proceso penal con el inmobiliario. En materia penal, según anunció la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público recurrirá en casación. Buscarán al igual que en ocasión anterior, que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revoque la sentencia de extinción y ordene celebrar un juicio a los acusados.
Cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción por prescripción indicó en su sentencia que se produjeron seis aplazamientos provocados por el Ministerio Público. Ese tribunal fue apoderado del caso el 26 de enero de 2011, y emitió la extinción el día ocho de octubre de 2012. Su sentencia fue revocada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras comprobar que el expediente no había estado inactivo por el tiempo que establece la ley para la extinción.
Al ordenar un nuevo juicio, la defensa solicitó al tribunal apoderado del caso la extinción de la acción por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso, la jueza Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado, acogió la solicitud de los imputados ya con más de 15 años en los tribunales.
Pedernales está de luto por sentencia
El diputado Héctor Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano por Pedernales, informó que su provincia está de luto por la decisión de la justicia de extinguir la acción penal contra los inculpados del caso Bahía de las Águilas y archivar el expediente. Al tomar un turno en la sesión de ayer, el legislador dijo que desde que se supo la noticia muchos en la provincia se vistieron de luto. “Hoy nos sentimos consternados por esta errada decisión de los tribunales, pedimos al presidente de la República, Danilo Medina, que de manera encarecida resuelva el problema de Bahía de las Aguilas”. Manifestó que el respaldo a Pedernales es una “decisión de pantalones” que amerita que el mandatario se los ponga como lo hizo con la Barrick Gold porque si se lo dejan a la justicia no hace nada.
La denuncia
Fue interpuesta el 18 de marzo de 1997 por el actual senador por Peravia y entonces director del Instituto Agrario Dominicano.
