Esperanza, Valverde.- El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia Valverde denunció sobre múltiples violaciones cometidas por la Policía Nacional contra los dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que se encuentran en la penitenciaría de La Victoria, luego que fueran apresados y sometidos por la institución del orden por la presunta participación en la muerte del coronel Julián Suárez Cordero.
Osquilvio González, presidente del Comité de los Derechos Humanos en el municipio de Esperanza, dijo que han seguido con atención el caso de los estudiantes universitarios presos y aseguró que a los mismos “se les ha violado sus derechos individuales y constitucionales”.
“Los dirigentes estudiantiles sobre quienes pesa una medida de coerción de tres meses, lejos de ser el resultado de una exhaustiva investigación, son víctimas de la prisa policial de buscar un culpable para cada caso. Valoramos que la Policía condujo un ‘proceso’ festinado y le sometió a la justicia sin aportar elementos probatorios algunos”, dijo González.
Añadió que han observado la postura asumida por la Fiscalía del Distrito Nacional, que dirige Jenny Berenice Reinoso, y que todo parece indicar que se les quiere mantener presos “en base a artificios y el mamotreto acusatorio con que fueron sometidos”.
El presidente de los Derechos Humanos en Esperanza entiende que la muerte del coronel Suárez Cordero no debe quedar impune, pero dijo que corresponde hacer una investigación minuciosa que dé al con los verdaderos culpables y sin violentar los derechos humano ni el debido proceso.
Entre las violaciones cometidas por la Policía Nacional, el presidente de los Derechos Humanos citó el mantener “secuestrado” a Héctor Eduardo Pichardo y Pamela Jerónimo Ercia, de quienes dijo fueron mantenidos cuatro días incomunicados, interrogados sin la presencia de un abogado que le asesorara legalmente y sometidos a la Justicia más 72 horas después, “en franca violación de lo que establece el el Código Procesal Penal y la Constitución de la República.
Indicó que la declaración jurada de la joven estudiante Jerónimo Ercia, difundida por distintos medios de comunicación, es contundente, al revelar que la Policía trató de arrancarle confesiones con torturas físicas y psicológicas para que incriminara a su esposo y otros estudiantes de la UASD,
Dijo que preparan un informe a ser enviado a organismos de Derechos Humanos internacionales, a fin de que conozcan detalladamente los métodos investigativos que en pleno siglo veintiuno usa la Policía Nacional dominicana.
González reprobó las declaraciones del ex-jefe de la Policía Nacional, general José Armando Polanco Gómez, al señalar que las mismas constituyen una sentencia de muerte a personas, que como los dirigentes estudiantiles presos, “hay que presumir son inocentes, hasta que en un tribunal sus acusadores demuestren lo contrario”.
“Cuando el General Polanco Gómez dijo ‘Vamos a responder de la misma manera, sin importar quien esté detrás de esto…’, sentenció a muerte a quien ellos presumieran culpables de la muerte del coronel Suárez, por lo que pedimos garantías para las vidas de los ciudadanos que se encuentran presos, dentro de la cárcel y en el eventual caso de que consigan su libertad”, sostuvo Osquilvio González.
El pasado 23 de abril del año en curso fue mortalmente herido el Coronel Julián Suárez Cordero en las inmediaciones de la UASD en momentos en que se escenificaban protestas en el marco de un llamado nacional de protestas contra las megamineras, como Barrick Gold, Falcondo-Xstracta, entre otras, y por la defensa de Loma Miranda.
El mismo día que ocurrió la muerte del coronel Suárez, la Policía señaló como presuntos culpables a los estudiantes Wilson Dalciel Javier, Víctor González y Diógenes Gutiérrez, todos estudiantes de la UASD y miembros del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL).
Días después, la jefatura de dicha institución presentó al chofer Eddy Giovanny Bonilla, quien confesó haber disparado el día y momento en que ocurrió el hecho, sumando cinco los que guardan prisión en la cárcel La Victoria por presunta vinculación con el hecho.
El próximo 26 de julio se revisará la medida de coerción a los acusados de ultimar al coronel Suárez Cordero, cuando se cumplen los tres meses impuesto a los prevenidos como medida de coerción.
Para este lunes 22 de julio, a las 10:00 de la mañana, en la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, continuará el conocimiento del recurso interpuesto a favor de Diógenes Gutiérrez (Yuyo), vocero del Felabel, audiencia en la que será escuchada la testigo que mediante una declaración jurada afirmó que fue secuestrada por la Policía y que a la fuerza trató de arrancarle confesiones en contra de los imputados.
