Santiago. El temor por la lucha que venían librando dos bandos de alemanes que se disputaban el control de la secta religiosa fue lo que desencadenó en el allanamiento al residencial en La Mulata III.
El procurador Francisco Domínguez Brito, al hablar con reporteros de elCaribe, dijo temer por los niveles de confrontación entre los grupos de extranjeros. El grupo religioso es de creencia de que viene el fin del mundo y por eso guardaban alimentos y se preparaban para ello.
Con relación a los 16 agentes involucrados en la presunta sustracción de 60 millones de pesos en dinero en efectivo que estaban en cajas fuertes y de otros bienes, el representante del Ministerio Público dijo que tiene que haber sanción drástica con ese tipo de situación.
“Desde que ocurrió el hecho se inició la investigación. No es como mucha gente piensan que es desde ahora. Lo que sucede es que ahora es que ha venido culminando todo y se ha acelerado con los videos y una serie de situaciones”, apuntó.
Sostuvo que lo sucedido en La Mulata III amerita la mayor de las sanciones. Domínguez Brito aclaró, además, que los dos fiscales de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata suspendidos por 60 días, no guardan ninguna relación con el caso de La Mulata III. Ayer fueron trasladados a la cárcel San Felipe de Puerto Plata dos coroneles y un primer teniente de la Policía, a quienes se les impuso un año de prisión como medida de coerción por estar implicados en el caso La Mulata III, Sosúa, el 16 de octubre de 2012.
El pasado 16 de octubre, las autoridades informaron sobre el operativo contra una supuesta secta integrada por unos 20 alemanes, algunos de ellos buscados por la Interpol por distintos delitos. El allanamiento lo dirigió el fiscal de Sosúa, Puerto Plata, Ramón Cabrera Veras, pero no se conoce que éste haya sido sancionado por la acción “irregular”.
Trasladan a la cárcel a tres exoficiales
Ayer fueron trasladados a la cárcel San Felipe de Puerto Plata dos coroneles y un primer teniente de la Policía, a quienes se les impuso un año de prisión como medida de coerción. El juez Osiris Reyes Vega, del Tribunal de Atención Permanente, impuso la coerción contra los excoroneles Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto Santos y el exteniente Odennis Francisco Félix.
