Una de las principales debilidades que acusa el Estado dominicano es la debilidad de sus instituciones para hacer cumplir las leyes y normas existentes. Nuestro Congreso Nacional es muy diligente a la hora de promover y aprobar legislaciones que de cumplirse en su totalidad, convertirían al país en un modelo de desarrollo institucional.
Pero no es así. En la práctica, lo que se aprecia es una cantidad extraordinaria de legislaciones cuya efectividad se va debilitando en la medida en que no se aplican o más bien son violentadas con tanta frecuencia, que al cabo de unos años es necesario aprobar nuevas legislaciones sobre la misma temática, ya sea para tratar de hacer valer lo que las mismas leyes existentes establecen, o para modificarlas y adaptarlas a las violaciones que sufren en la práctica. Es una especie de legalización de la ilegalidad.
Y no faltan ejemplos. Hay en el Congreso Nacional dos proyectos de leyes de reforma de los partidos políticos y del sistema electoral, las cuales, en su esencia, plantean lo mismo que las leyes existentes, sólo que no se aplican con efectividad. También está el proyecto de ley de Salud, para descentralizar sus funciones, aunque esos mandatos están debidamente establecidos en la propia Ley General de Salud y en la Ley de Seguridad Social.
En materia energética, se aprobó la Ley General de Electricidad y se creó otra ley para crear la Comisión Nacional de Energía, pero resulta que en la práctica la CDEEE controla todo el funcionamiento del mercado, mientras existe una Superintendencia de Electricidad que sólo sirve para fijar la tarifa eléctrica cada mes y ver la cantidad de energía puesta en el sistema.
El caso más reciente es el de la creación del Ministerio de Energía y Minas, cuya ley promulgada será modificada antes de entrar en vigencia para quitarle las atribuciones sobre el sector energético, de forma que la CDEEE siga siendo una entidad aparte, con lo cual se ha creado un Ministerio de Minas y Energía, pero “sin energía”.
