De todas las políticas de desarrollo productivo aplicadas en el país en los últimos 50 años, las dirigidas al fomento agropecuario y seguridad alimentaria han sido las más relegadas.“Han sido la cenicienta de las cenicientas. A esa situación hay que darle respuesta”, plantea un estudio presentado ayer por las entidades Oxfam y Articulación Nacional Campesina (ANC), titulado “Sembrar Futuro Desde la Raíz”.
El documento plantea que hay que cambiar el modelo e invertir en la agropecuaria nacional. “No hay alternativas”, dice, y expresa que la nueva agenda debe vencer los “incentivos políticos tradicionales y las perspectivas de políticas habituales, pensadas desde y para un mundo distinto”.
El estudio, realizado por el economista investigador Pavel Isa Contreras, plantea que las inversiones deben ser dirigidas a solucionar las limitaciones que encara la producción de alimentos a pequeña escala, incluyendo el acceso adecuado a tierras, agua, infraestructura básica, capital, conocimientos, información y suministros agrícolas apropiados. “Después de años de desidias y de ostensible rezago productivo en el sector, el Gobierno ha empezado a darle un giro a las políticas agropecuarias, y ha mostrado mucho mayor interés en su desempeño”, dice.
Destaca que hasta el momento las acciones que han marcado la pauta han sido un aumento en el financiamiento público, el saneamiento de los mecanismos para las importaciones agrícolas, la extensión del seguro agropecuario contra desastres, y una mayor atención a algunos rubros de producción.
“El cambio era ampliamente anhelado y está creando en lo inmediato una subjetividad positiva en los actores del sector con respecto al estado y las políticas sectoriales, y a mediano plazo es probable que se vean resultados concretos”, enfatiza.
Pero plantea que a “pesar de eso, la política continúa tendiendo a un enfoque marcadamente sectorial y agrarista antes que de desarrollo rural”.
Indica que por lo anterior, los avances deben continuar, pero cambiando el enfoque de uno que centra sus preocupaciones en la producción, hacia uno que priorice a las personas, que integre las cuestiones sectoriales, culturales y organizativas a las económicas y a las del manejo de los recursos naturales, y que considere de manera más clara las dramáticas diferencias entre las empresas agrícolas y la agricultura familiar campesina, frecuentemente atrapada en un círculo vicioso de pobreza material y participación subordinada en las cadenas de abastecimiento.
El objetivo de las entidades que presentaron el documento es contribuir al desarrollo de la agricultura de pequeña producción como tarea ineludible para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible en el ámbito rural.
El estudio expresa que “las familias campesinas en República Dominicana subsisten sin políticas focalizadas que las identifiquen como unidades productivas con vocación comercial atendiendo a sus especificidades. Se trata de una mayoría sobre la cual no existen estadísticas ni información transparente y actualizada”.
Desde la óptica del autor del estudio, “la agricultura es la actividad individual más importante para el desarrollo sostenible. No solo tiene la responsabilidad crucial de producir alimentos, y de hacerlo de una forma sostenible que no degrade los recursos naturales, sino que además tiene un gran potencial para constituirse en eje económico de muchos territorios para generar empleos, articular cadenas agroindustriales e incrementar los ingresos de la población pobre en zonas rurales”.
Cita factores restringen la agricultura campesina
El estudio de Oxfam y ANC enfatiza que “en la República Dominicana la agricultura campesina está limitada por un conjunto de factores, los cuales se interrelacionan y se retroalimentan: agua, crédito, tierras, tecnologías, conocimiento y vinculación con mercados para comerciar. Las dificultades de acceso a recursos productivos como tierra y crédito impiden impulsar cambios tecnológicos que eleven la productividad. A su vez, el reducido tamaño de la producción y la relativamente baja calidad de la producción contribuyen a una inserción precaria en los mercados, lo que a su vez implica bajos precios, reducidos ingresos y pobreza”, indica el estudio. Y agrega que en esa situación “las familias agroproductoras se mantienen en una posición desventajosa para acceder a recursos”.
