BOGOTA, Colombia (AP) — El alcalde de Bogotá Gustavo Petro, sobre quien pesa una orden de destitución, viajará la semana entrante a Washington a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que el fallo que lo removió del cargo era un golpe de Estado y un mensaje a la población de que un ex guerrillero no puede gobernar en Colombia.
Carlos Rodríguez, uno de los abogados de Petro, anticipó el viernes que el alcalde se entrevistará el próximo miércoles por la tarde en Washington con miembros de la Comisión. Petro viajará el martes a la capital estadounidense junto con Rodríguez y otro de sus abogados, indicó el defensor.
El alcalde, a través de sus abogados, pidió esta semana a la Comisión Interamericana declarar medidas cautelares para que el Estado colombiano no ejecute la decisión que el pasado 9 de diciembre lo destituyó del cargo y le prohibió ejercer funciones públicas por 15 años, un dictamen de la Procuraduría General, que es apelable ante esa misma oficina. El dictamen es porque Petro cambió por decreto, en diciembre del 2012, el sistema de recolección de basura de la ciudad y por tres días hubo un caos y desperdicios por todo Bogotá.
El ex guerrillero y ex senador de 53 años mantiene que la decisión del procurador general Alejandro Ordóñez viola principios de la Carta Americana en torno a que sólo por decisión de un juez penal y una sentencia es que un funcionario de elección popular, como en su caso, puede ser destituido.
«A este alcalde lo querían echar a gorrazo limpio (a empujones), no por su nombre, sino por lo que significa… y significa en primer lugar un hombre que hizo la paz», dijo Petro, quien militó en el ya pacificado Movimiento 19 de Abril (M-19).
Con su decisión, el procurador Ordóñez envía a la sociedad colombiana «un mensaje de que hombres que se levantaron en armas, de mujeres que se levantaron en armas, pero escogen el camino del pacto, escogen el camino de la consecución pacífica del poder, si así lo quiere la gente, no pueden gobernar en Colombia», añadió Petro.
El procurador «intenta dar un golpe de Estado», aseguró Petro, que como alcalde de Bogotá es el segundo funcionario de elección popular más importante del país, después del presidente y debido al peso de Bogotá, la mayor ciudad con ocho millones de habitantes.
Petro de nuevo instó al presidente Juan Manuel Santos a pronunciarse sobre su caso citando normas por las cuales el único facultado para destituir a un alcalde de Bogotá es el jefe de Estado.
«Petro se queda», «Apoyamos a nuestro alcalde», se leía en algunas de las pancartas expuestas por manifestantes, donde incluso se veían afiches del ex mandatario sudafricano Nelson Maldela.
«El señor procurador no alcanzó imaginar que iba a pasar algo de esta naturaleza», indicó a reporteros en la plaza Antonio Navarro Wolff, ex dirigente del M-19, que firmó la paz en marzo de 1990, y quien fue por tres meses secretario de gobierno de Petro en el 2012.
El impacto del fallo contra el ex guerrillero llegó hasta Washington, donde el nominado por el gobierno de Barack Obama como nuevo embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, dijo ante el Senado el 11 de diciembre que la decisión de la Procuraduría General podría «erosionar» el proceso de paz que lleva adelante el gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde fines de 2012 en Cuba.
Como los dos bandos negocian actualmente en La Habana el tema de la participación política de la insurgencia una vez que se selle la paz, la destitución de Petro retumbó en la mesa de discusiones en la capital cubana.
La destitución de Petro, como un ex rebelde, ha generado algunas dudas sobre el futuro tratamiento a los miembros de las FARC, dijeron analistas consultados por The Associated Press.
Para el ex comisionado y negociador de paz Camilo Gómez «la decisión del procurador no genera una buena señal para la guerrilla porque se generó la sensación de que es una decisión más política que jurídica».
«Las FARC se deben estar preguntando si ellos entran a hacer política, si les va a hacer lo mismo», añadió Gómez, para quien el fallo del procurador fue errado e inconveniente.
Pero Navarro Wolff, el ex dirigente del M-19 y ex colaborador de Petro, indicó que la «sanción fue demasiado severa».
