San Francisco de Macorís.- La Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste (UCENOR) ratificó que el próximo jueves 9 de enero paralizarán las actividades comerciales en San Francisco de Macorís por 24 horas al menos que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deje sin efecto la disposición de instalar Impresoras Fiscales y otras medida fiscalizadoras que afectan el comercio.
Nicolás Hidalgo Amánzar, presidente de UCENOR, al hablar en nombre de la entidad manifestó que la medida tomada el gobierno a través de la DGII de instalar las impresoras fiscal en los distintos establecimientos comerciales constituye un decreto de cierre de sus negocios, debido a su elevado costo.
“Ratificaos el cierre total del comercio de San Francisco de Macorís el 9 de enero del 2014, levantando del lema ‘para que el gobierno nos cierre, cerramos’, ya que la instalación de esas impresoras se hace imposible debido al elevado costo resultas inalcanzable”, afirmó Hidalgo Almánzar.
Indicó que el viernes 10 de enero, la Unión de Comerciantes de Baní, provincia Peravia paralizará sus actividades; el martes 14 corresponderá a Mao, provincia Valverde, y que contemplan un paro nacional del comercio los días 15 y 16 de enero, en caso de que no el gobierno no atienda sus demandas,
Asimismo rechazó la imposición de multas de $50 mil pesos, el plazo de cinco días o el cierre a partir del mes de enero del 2014, a aquellos establecimientos que no acaten la decisión de la DGII.
El presidente de la Unión de Comerciantes afirmó que el paro de las actividades comerciales en esta ciudad buscan enviar una señal al gobierno central de su indisposición de cumplir con un decreto “que lesiona los más sanos intereses de la familia dominicana”.
Nicolás Hidalgo agregó la reciente implementación de la Reforma Fiscal que aumenta del 8 al 11 por ciento el impuesto ITBIS a productos como el azúcar, café, yogurt, chocolate, margarina, aceite, entre otros, y que entró en vigencia el primero de enero, del 2014, “desacelerará la economía”.
Indicó que el aumento del ITEBIS “provocará incertidumbre en el consumidor y el pueblo en sentido general”, motivo por el que solicitan que se dejen sin efecto dicho aumento y la implementación de las impresoras fiscales.
El presidente de UCENOR explicó que el costo de las impresoras es inalcanzable para un pequeño salón de belleza, una tienda de celulares, una relojería o un colmado.
Citó que además del alto costo de las registradoras fiscales, entre 30 y 75 mil pesos, implica comprar un programa de computadoras, una computadora e inversor, que asciende a más de 150 mil pesos, más el mantenimiento, porque “son intocables”, a menos que no sea un inspector de la DGII, tiempo durante el cual el negocio tendría que paralizar las ventas.
“Después del año más malo para el sector comercial en una década, con un decrecimiento en las ventas de un 20%, el comerciante del país no está capacitado gerencialmente para manejar de la noche a la mañana un sistema computarizado”, dijo Nicolás Hidalgo.
El anuncio del comercio organizado en la UCENOR de paralizar sus actividades el próximo jueves ha encontrado un amplio respaldo en el movimiento social y popular de San francisco de Macorís, destacándose el apoyo brindado por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), en la voz de su vocero nacional, Raúl Monegro.
“Entendemos justa la lucha de los comerciantes y empresarios en rechazo de la impresoras fiscales, ya que gastarían una suma astronómica suma de dinero en su instalación y tendrá un costo de mantenimiento que el pequeño y mediano no podrán soportar”, expresó Monegro.
El portavoz del FALPO dijo que siendo la administración pública “es un antro de corrupción e impunidad” y donde el Estado ni devuelve en obras y servicios las recaudaciones, no puede ser recibido con beneplácito que el gobierno aumente los impuestos.
Monegro consideró que de imponerse la instalación de las registradoras fiscales la medida perjudicará a los consumidores, ya que el costo operacional terminaría cargándose a los consumidores.
