El colapso en el sistema de recogida de basura y la suspensión de dos de las recolectoras ha enfrentado al Concejo Edilicio en una lucha de intereses para que otras empresas entren al negocio.
Mientras el expresidente del Concejo, Luis José Estévez, plantea la ruptura definitiva con Esensa y Urbaser, el también edil, Domingo Ureña, uno de los más críticos a la gestión del alcalde Gilberto Serulle, dice que hace tiempo venció ese plazo.
Estévez dijo, al comparecer a un medio de televisión de esta ciudad, que junto a otros concejales, propondrá en la próxima sesión, la ruptura definitiva con Esensa y Urbaser debido a la incapacidad operativa para cumplir con las toneladas de basuras asignadas. Anunció que una empresa puertorriqueña estaría interesada en asumir la cuota que les toca a las recolectoras suspendidas.
Aunque no mencionó el nombre refirió que cuenta con 50 camiones contenedores y otros equipos, suficientes para dar respuesta a la demanda.
Negociaciones
Varios de los equipos usados son propiedad de una de sus empresas que busca ser contratado por la alcaldía municipal, aunque asegura lo hace a forma de colaboración.
Durante el 2012, las tres empresas recolectoras de basura recibieron como pago la suma de 168 millones 243 mil 923 pesos con 27 centavos y de esa suma once millones 481 mil 295 fueron pagados a la empresa Esensa. Una cifra similar recibieron durante el 2013.
El defensor del contrato con la empresa puertorriqueña, asegura que la misma tiene experiencia en recolección de desechos sólidos y 50 camiones compactadores en perfectas condiciones y moderno sistema que garantizarían un Santiago limpio. Mientras se define si se rescinde el contrato y se hace negocios con una nueva empresa, la ciudad sufre las consecuencias por la carencia del servicio.
La situación debe ser regulada
La Contraloría General de la República cuestionó los pagos hechos por la alcaldía de Santiago a las recolectoras de basura Esensa y Urbaser, debido a que no están al día con sus compromisos fiscales. En la más reciente misiva enviada por la Unidad de Auditoría Interna al alcalde Gilberto Serulle, hace la exhortación de que esta situación debe ser regulada.
