Dentro de algunas semanas se van a cumplir cuatro años de la cobarde tentativa de asesinato en contra de Jordi Veras, un prominente abogado y comunicador que reside en la ciudad de Santiago.Jordi Veras fue víctima de varios disparos por unos sicarios que, de acuerdo con las investigaciones y la misma acusación del Ministerio Público, fueron contratados por el empresario Adriano Román, quien guarda prisión por delitos cometidos contra su anterior esposa.
El atentado a Jordi mantuvo en vilo a la sociedad dominicana durante varios días, hasta que la trama criminal en su contra fue descubierta y sus implicados sometidos a la acción de la Justicia.
En el atentado contra el abogado estuvieron directamente implicados un ex teniente coronel y dos rasos de la Policía Nacional, tres ciudadanos que mancillaron su uniforme constituyéndose en brazo armado y ejecutor de tan vil episodio.
El proceso contra Román y los demás implicados en el atentado contra Jordi ha sido deliberadamente incidentado, no pudiendo aún iniciarse el juicio, a pesar de que se han celebrado 12 audiencias, que han debido posponerse por diversos motivos, entre ellos, el cambio de abogado del principal acusado en no menos de ocho ocasiones. La audiencia preliminar, que concluyó con autos de apertura a juicio, consumió 33 audiencias, por las mismas tácticas dilatorias.
En las últimas semanas, sin embargo, ha dejado un muy mal sabor la actitud asumida por la Oficina de la Defensoría Pública en torno a este caso, negándose a designar un nuevo defensor público a Román – que ya tuvo uno hace varios meses-, bajo el alegato de que este imputado tiene solvencia económica. La Oficina de la Defensoría Pública ha invocado su Instrucción General, del pasado 31 de enero de 2014, la cual ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Colegiado de Santiago.
La Oficina de la Defensoría Pública debería respetar esa decisión y designar, sin dilación, el abogado que asistirá a Román en sus medios de defensa, pues la sociedad dominicana demanda que se haga justicia en este caso, que no sólo involucra como víctima a un joven, talentoso y honorable abogado santiagués, sino a antiguos miembros de un órgano público que fue creado para combatir el crimen y no para cometerlos.
Me sumo al clamor de don Ramón Antonio Veras, padre de Jordi, y de muchos dominicanos de buena voluntad, para que los que intentaron asesinar a su hijo no sigan burlándose de la sociedad dominicana. ¡El país reclama justicia para Jordi!
