El Estado dominicano creó las condiciones y facilita la documentación de cientos de miles de extranjeros, abrumadoramente haitianos, que se encuentran en situación irregular en el país. Además de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional que sentó las bases y determinó las condiciones para la aprobación de la Ley 169-14 de Naturalización Especial de Extranjeros, el gobierno está disponiendo de fondos extraordinarios, no menos de 800 millones de pesos, para la operación.
Se trata de un esfuerzo demasiado grande para un Estado pequeño, que implica tan alto costo, sin que figurara en el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos de la Nación de 2014. Hasta ahora, todos los organismos defensores de los derechos de esas personas Programa para el Desarrollo (PNUD), el Fondo la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de Población y la Agencia para los Refugiados, todas de la ONU, sólo hablan de asesoría y acompañamiento, que no es malo, pero nada de contribuir económicamente para encarar el reto enorme en que se ha embarcado el Estado dominicano.
En el caso de la otra parte interesada, Haití, resulta algo lastimero que mientras el Gobierno dominicano está financiando tan costoso proceso, concesiones de derechos sin costo alguno, gratis, esté cobrando altas sumas de dinero para la expedición o renovación de documentos que afirmen la calidad de cientos de miles de sus ciudadanos.
Con razón ya algunos funcionarios dominicanos, que tienen acceso a información privilegiada, se quejan de la falta de cooperación prometida de las autoridades haitianas para ayudar a identificar y posteriormente documentar a sus compatriotas.
No debe ser de esa manera, sobre todo porque sabemos muy bien las presiones que realizaron las autoridades de Haití entre los vecinos, entre los países amigos y en los organismos internacionales, para que se les reconocieran derechos y se les hicieran concesiones a sus conciudadanos.
Entonces, lo menos que deben es ayudar a facilitar el proceso de naturalización. Lo mismo aplica para algunas organizaciones “defensoras de derechos”, las cuales deben adoptar una actitud constructiva y evitar conflictividad innecesaria.
