La Junta Central Electoral (JCE) garantizó que no existe en esta institución una política de discriminación contra los ciudadanos y ciudadanos, que acuden a sus dependencias, por su forma de vestir, lucir, por asuntos de raza, sexo o creencias, etc.
La entidad electoral ofreció estas declaraciones a propósito de la denuncia de una comunicadora de que en un centro de cedulación se habría actuado en forma discriminatoria contra una señora que acudió a obtener su nueva cédula de identidad y electoral.
El Pleno de la Junta Central Electoral se pronunció en ese sentido al conocer una comunicación de fecha 7 de julio del 2014, suscrita por el magistrado José Ángel Aquino Rodríguez, remitiendo la denuncia de la comunicadora que a su vez habría conocido el caso relativo a la señora Gisela Paredes, supuesta afectada de tal comportamiento.
Al conocer el caso, el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, instruyó realizar una investigación la cual comprobó que ningún empleado de esta institución incurrió en un hecho como el denunciado, y que por el contrario la ciudadana con quien tuvo un intercambio de pareceres fue con un ciudadano de la fila en el centro de cedulación de la avenida Gregorio Luperón, situación por la cual estaba un poco alterada al momento de proceder al cambio de su cédula de identidad, la cual le fue entregada una vez completado el proceso.
La entidad electoral explicó en un comunicado que la investigación llevada a cabo, que incluyó la comparecencia ante el Pleno, de la señora Marisol Vásquez, encargada del centro Gregorio Luperón, de la señora Luz Selena Santana, operadora de unidad de Datos Biométricos de ese centro y del ingeniero Américo Rodríguez, en su calidad de director nacional de Cedulación, quienes explicaron lo ocurrido en el referido centro entre la presunta afectada y otro ciudadano que también estaba en fila a la espera de su nuevo documento de identidad, pero que el diálogo o discusión originada en esa fila nunca fue con personal del referido centro de cedulación.
De todas formas, el Pleno de la JCE, y a propósito de la comunicación del magistrado José Ángel Aquino Rodríguez, miembro titular de la institución, aprobó que en caso de que se determinare por alguna denuncia que algún empleado haya cometido actos en detrimento de la dignidad de los ciudadanos, el hecho será debidamente investigado y que de comprobarse, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.
