Ampliando el espacio fiscal

El sistema tributario dominicano adolece de al menos tres males. Primero, no genera suficientes recursos para financiar lo obligado: servicios de educación y de salud de calidad, seguridad pública y justicia, protección social y del medio ambiente,&#82

El sistema tributario dominicano adolece de al menos tres males. Primero, no genera suficientes recursos para financiar lo obligado: servicios de educación y de salud de calidad, seguridad pública y justicia, protección social y del medio ambiente, defensa e infraestructura económica básica. A esto se suma que se gasta en lo que no se debe, y parte del gasto público se hace muy mal.

Segundo, grava de manera muy inequitativa. Esto ha sido el resultado de que, por años, se han venido incrementando las tasas y las coberturas de los impuestos sobre el consumo, y aunque los ingresos por impuestos sobre los ingresos y el patrimonio, los cuales tienden a gravar más a los ricos, se han incrementado, lo han hecho mucho menos. 

Cuando se consideran los gravámenes más importantes como el ITBIS, diversos impuestos selectivos y el impuesto sobre la renta, los hogares más pobres tienden a pagar, directa o indirectamente, cerca de un cuarto de su ingreso en impuestos, una proporción que no es muy distinta a la que pagan los más ricos. Esta es una situación absolutamente inaceptable.

Tercero, la carga está muy mal distribuida entre sectores y actividades. Algunas de ellas cargan muy pesado, mientras otras similares en naturaleza, están exentas, eluden o evaden el pago de impuestos.

En un contexto como ese, las preguntas obligadas son si se pueden ampliar los espacios fiscales, y si es posible fortalecer la capacidad recaudadora del Estado al tiempo que se reduce la inequidad tributaria y se empareja la carga, aliviando un poco a unos y haciendo que otros empiecen a contribuir.

Hay al menos siete áreas a las que hay que prestarle atención para ampliar los espacios y reacomodar la carga. Primero, las exenciones que benefician a sectores económicos específicos deben ser revisadas. No todas pueden o deben ser eliminadas debido a que algunas pueden tener efectos negativos, pero varias de ellas son muy objetables porque lo que hacen es simplemente inflar ganancias y son fiscalmente costosas. Esto puede generar recursos hasta el equivalente a 1.3% del PIB.

Segundo, hay que fortalecer la capacidad recaudatoria del Impuesto sobre la  Renta a las personas físicas, especialmente en los perceptores no asalariados de altos ingresos. El país está a la zaga en esa materia. En América Latina, en promedio, se recauda un equivalente a 1.4% del PIB en impuestos sobre la renta de las personas, pero en el país no llega a 1% del PIB.

Tercero, el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) es un pobre recaudador, y no debe serlo. Se trata de un impuesto por excelencia para gravar a los más ricos y a su patrimonio. La reforma de 2012 que gravó a las personas en vez de a las propiedades fue un avance, pero se requiere mucho más, por ejemplo, en la actualización de los valores inmobiliarios.

Cuarto, hay que gravar la actividad minera de forma justa a partir de un marco tributario común, en vez de gravar caso por caso y por contrato. La minería se está convirtiendo en un sector pujante, y estamos en el deber de capitalizar los beneficios de proyectos no depredadores, especialmente cuando hay escaladas de precios.

Quinto, vale la pena preguntarse si este modelo de altos impuestos y altos precios de los combustibles ha funcionado. Estos parecen haber sido buenos sólo para el fisco, pero ha tenido efectos negativos sobre la producción, y no está contribuyendo a cambiar el consumo ni la matriz energética. Bajar los impuestos a los combustibles y alinearlos con el resto de la región es una opción a considerar. Sin embargo, esto debe formar parte de una política energética más amplia e integral.

Sexto, los municipios deben asumir mayores responsabilidades fiscales, fortaleciendo sus propias capacidades para recaudar y para gastar bien. Hay impuestos como el de la propiedad inmobiliaria, que deberían estar en manos de los municipios.

Y séptimo, la administración tributaria debe fortalecer sus capacidades para lidiar con los llamados “precios de transferencia” que son las prácticas de empresas, generalmente transnacionales, para mover contablemente sus ganancias hacia paraísos fiscales, presentando ganancias bajas o nulas donde las tasas impositivas son mayores. 

Sin embargo, hay que reconocer que esto valdría poco si el gasto no mejora, y si la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia siguen permeando tan profundamente el ejercicio fiscal como lo ha hecho hasta ahora.

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