El pasado 15 de septiembre el Poder Ejecutivo emitió el decreto 345-14, el cual autoriza al Fonper a vender la proporción de los activos que tiene el Estado dominicano en la empresa La Tabacalera, S.A.Una vez concretada la operación de venta, la República Dominicana dejará de formar parte del exclusivo y reducido grupo de países cuyos Estados incurren en la aberrante práctica de producir cigarrillos y proveer recursos a la salud pública, muchas veces para atender enfermedades catastróficas como el cáncer de pulmón producido por el consumo de cigarrillos. Cuba y China quedarán como los únicos países del mundo cuyos Estados contribuyen simultáneamente a la generación y al cuidado del cáncer pulmonar provocado por el consumo de cigarrillos. La participación del Estado en una empresa de cigarrillos contradice las políticas públicas orientadas a reducir el consumo de cigarrillos. Para nadie es un secreto que la participación estatal en La Tabacalera, S. A. es una herencia de la dictadura de Trujillo, y no una política deliberada y racional del Estado dominicano.
La práctica generalizada en el mundo es que los Estados no invierten ni participan en la producción de “bienes” sujetos al pago de impuestos selectivos al consumo que se originan en el convencimiento de que el consumo de los mismos, es nocivo a la salud. El Estado no contribuye al desarrollo integral de una nación produciendo males que afectan la salud de las personas.
La decisión tomada por el Gobierno del presidente Danilo Medina es, por tanto, indiscutiblemente correcta. Lo que si es de lamentar, sin embargo, es que la misma no se haya tomado muchos años antes, cuando la situación financiera de La Tabacalera, S.A. era más favorable. Esto habría permitido al Estado realizar una operación más beneficiosa desde el punto de vista económico.
El mercado en el cual participan las empresas cigarrilleras radicadas en el país, Philip Morris, British American Tobacco y La Tabacalera, se ha venido contrayendo en los últimos 14 años, bajando de 3,933 millones de cigarrillos vendidos en el 2000 a 1,488 en el 2014. En otros términos, se proyecta que en el 2014, el volumen de las ventas de cigarrillos representará el 38% del nivel alcanzado en el 2000.
La Tabacalera, que en el 2003 tenía una participación de 14.5% en el mercado de cigarrillos de República Dominicana, ha visto descender su participación a 8.7% en el 2013. Mientras en el 2003 La Tabacalera vendió 508.4 millones de cigarrillos, en el 2014 se proyecta que venderá 167.6 millones, un 67% menos. La venta de la Tabacalera, en valor monetario, ha venido descendiendo.
Medidas en dólares, la venta en el 2014 ascenderá a US$5.3 millones, un 58% menos que el nivel registrado en el 2001 (US$12.6 millones). Resulta obvio que al achicarse el tamaño de La Tabacalera, menor es el valor de mercado de dicha empresa. Es por eso que lo ideal habría sido que el decreto 345-14 hubiese tenido una numeración diferente. Quizás 345-00 o 345-01.
Dejando a un lado el lamento, la realidad es que mientras más tiempo perdamos en la realización de la operación de venta de los activos de La Tabacalera, menos recursos terminará recibiendo el Estado dominicano. Si se echa un vistazo al comportamiento de los beneficios después de impuestos de la empresa, se puede observar que luego de alcanzar beneficios de RD$121.9 millones en el 2006, se percibe una tendencia a la baja de los mismos, registrándose pérdidas de RD$6.3 millones en el 2013 y proyectándose pérdidas adicionales por RD$12.5 millones en el 2014. A agosto del 2014, las pérdidas acumuladas del año ascendieron a RD$15.1 millones.
El decreto 345-14 establece el procedimiento que debe seguir la operación de venta de los activos totales o parciales de La Tabacalera. Esto incluye una estimación correcta del valor de los activos de la empresa pertenecientes al Estado dominicano y garantías de parte del comprador que sea seleccionado del proceso de licitación pública internacional que se llevará a cabo, de que retendrá la mayoría de los 120 empleados que laboran en la empresa. La negociación debería lograr que la mayor parte de las prestaciones sociales y laborales registradas como pasivos contingentes de La Tabacalera sean absorbidas también por el comprador.
Los recursos que recibiría el Estado a través del Fonper y la DGII, producto de la venta de dichos activos, no están contemplados en el Presupuesto del 2014 ni en el del 2015 sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Un uso posible podría ser simplemente para reducir el déficit fiscal y reducir las necesidades brutas de financiamiento del Gobierno para el año 2015. Otra alternativa sería la creación de un Fondo para el Tratamiento de Enfermedades Catastróficas destinado a personas de bajos niveles de ingresos afectadas de cáncer. O quizás, para aumentar la inversión pública en hospitales públicos que necesitan de mayores asignaciones presupuestarias para poder ofrecer mejores servicios de salud pública a la población que no puede recibir atención privada.
Cada día que perdamos para concluir esta operación, podría significar la pérdida de vidas humanas.
