BUENOS AIRES (AP) — El fiscal que investiga el atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994 acusó a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del gobierno de negociar con Irán la impunidad de los acusados de ese país por el ataque y pidió su declaración indagatoria.
En un escrito que la Fiscalía hizo llegar el miércoles a The Associated Press, el fiscal Alberto Nisman acusó a la mandataria «y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA… La presidente y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina».
La denuncia del fiscal quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien será el que decida si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios.
Entre los acusados por el fiscal se encuentran el canciller Héctor Timerman, un diputado nacional oficialista, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, un ex juez y un ex fiscal. Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares).
«Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo y hasta venderle armas», dijo Nisman en su escrito.
Según el fiscal, el canciller Timerman celebró «acuerdos secretos con Teherán» para llevar a cabo una «maniobra criminal» que incluyó «el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes».
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 200.
Según la justicia argentina, entre los acusados de organizar el ataque están Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, y Ali Fallahijan, ex ministro de inteligencia de la república islámica. Teherán siempre ha negado cualquier vinculación con el ataque.
El gobierno de Fernández firmó en 2013 un acuerdo con Irán para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos, pero hasta ahora el acuerdo no se ha traducido en un avance en la investigación.
Para la AMIA, el acuerdo garantiza impunidad a los responsables del atentado porque aunque permite que fiscales argentinos viajen a Teherán a interrogarlos, no hay indicios de que el país islámico vaya a permitir que sean extraditados.
Un tribunal declaró la inconstitucionalidad del memorando, lo que fue apelado por el gobierno. Fernández pidió a los legisladores que propongan un proyecto que eventualmente reemplace al memorando para poder avanzar en la investigación. Entre otros, la oposición presentó una iniciativa para que los iraníes acusados sean juzgados en ausencia en Argentina.
La investigación judicial del ataque estuvo marcada por el escándalo. Varios policías acusados de dar apoyo a los terroristas fueron absueltos en 2004 y el Estado fue denunciado por buscar falsos culpables para cerrar el caso.
