Mientras la JCE está inmersa en la conclusión de un proceso de cedulación precedido de una licitación cuestionada, dedica tiempo a evitar el control externo y aplica medidas de auto-fiscalización como mecanismo de rendición de cuentas, inicia procesos de adquisición de nuevos equipos y demanda, como de costumbre, más recursos económicos, la población es testigo de una campaña electoral extemporánea que se hace cada vez más intensa. De nada vale que la Ley establezca que el período electoral se abre cuando el órgano de administración electoral hace la proclama. Cabe preguntarse, parafraseando aquella comedia del cine hollywoodense, ¿Y dónde está la Junta?
La salida al ruedo electoral del presidente del PLD, los aprestos organizativos para la convención del PRM y el acalorado debate sobre la reelección, marcan el inicio definitivo de esta campaña electoral, inaugurada ya desde hace meses en varios puntos del país. El comienzo a destiempo de las actividades proselitistas para las próximas elecciones, tiene consecuencias muy negativas para el funcionamiento de las instituciones y para el sistema político dominicano. En periodos electorales muchas instituciones del Poder Ejecutivo, el Congreso y los Ayuntamientos, sufren una suerte de parálisis, ya que la principal preocupación de los funcionarios deja de ser la agenda institucional para dar paso a las actividades de la campaña.
Por otro lado, se ha demostrado que existe una relación directa entre costo de la política y campañas electorales excesivamente largas como el caso dominicano. Es un contrasentido que como parte del debate público se plantee la urgente necesidad de crear condiciones para evitar la entrada de financiamiento ilícito a la actividad política y no se haga nada para reducir sus costos. Todo lo contrario, se da luz verde para campañas largas y caras. A esto se suma los efectos dañinos de una propaganda electoral caracterizada por la contaminación ambiental, visual y sonora. Solo hay que ver lo que está pasando en algunos barrios de la ciudad de Santiago y otras provincias del país.
Aunque reconocemos la ausencia de regulación para controlar la situación descrita, es mucho lo que puede hacer la Junta Central Electoral para subsanar esto. La calidad de un proceso electoral no solo depende de la organización del día de las elecciones sino de la fiscalización y control que pueda ejercer el órgano electoral antes y durante la campaña. El artículo 212 de la Constitución en su párrafo IV faculta a la JCE para reglamentar los tiempos de la campaña y establecer límites al gasto político. Por lo tanto, no hay excusas, esperemos que esta vez la Junta actué.
