Por el buen nombre de la República

Las declaraciones ofrecidas este lunes por el capo Quirino Castillo Paulino sobre sus presuntos vínculos con el presidente del PLD, Leonel Fernández, son estremecedoras. Ante tales revelaciones, el exmandatario está en la obligación de romper…

Por el buen nombre de la República

Las revelaciones cada vez más graves del capo de la droga Quirino Paulino Castillo acerca de sus presuntas relaciones con el entonces presidente Leonel Fernández y su pequeño círculo íntimo ameritan una investigación sería del Ministerio Público&#

Las declaraciones ofrecidas este lunes por el capo Quirino Castillo Paulino sobre sus presuntos vínculos con el presidente del PLD, Leonel Fernández, son estremecedoras. Ante tales revelaciones, el exmandatario está en la obligación de romper el silencio mantenido sobre el caso, a menos que su desprecio por la nación supere la gravedad de esos hechos. Ya no puede agarrarse del pretexto de que el dinero no llegó a sus manos, pues el narcotraficante ha dicho que cada envío se lo notificaba previamente llamándolo a su celular.

Esto es espantoso. Sea cierto o falso, desgarra pensar que el gobernante de la nación por doce años, durante tres mandatos constitucionales, pudiera haber llegado al extremo de cultivar esa clase de trato íntimo de negocio con un traficante de drogas, con la complicidad de gente de su entorno con altos rangos en el gobierno. ¿Cuántos dominicanos, cuántos dirigentes de su propio partido tenían o tienen todavía la potestad de llamarle a su teléfono, aún se tratara de una situación extrema? Todo esto debe ser una pesadilla. Y este hombre que anhela volver al poder no puede permanecer callado ante algo que compromete su honor y constituiría un acto de alta traición a la República que le confió por tanto tiempo su suerte y destino.

Y tampoco el Ministerio Público y el sistema de justicia pueden ignorar la gravedad de esas revelaciones, disponiendo de inmediato una investigación de tal magnitud y seriedad que despeje toda duda o sospecha de complicidad o encubrimiento que alentaría la idea de que vivimos en un paraíso de impunidad, en un Estado ficción, donde el uso del poder da licencia para ese tipo de actividad delictiva. Esta terrible experiencia está incluso poniendo a prueba la independencia de la prensa y podría llevarse consigo otros valores. Por eso sostengo que por el propio expresidente y sobre todo por el buen nombre de la República esto debe ser aclarado. 

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Las revelaciones cada vez más graves del capo de la droga Quirino Paulino Castillo acerca de sus presuntas relaciones con el entonces presidente Leonel Fernández y su pequeño círculo íntimo ameritan una investigación sería del Ministerio Público por el buen nombre de la República. No basta con el pretexto de que no se ha recibido expediente alguno de autoridad competente, ni las infelices explicaciones ofrecidas en una escueta nota de prensa por el líder político, ni mucho menos las muestras de adhesión que ha recibido de funcionarios y legisladores de su partido, para dejar este caso en el limbo.

Tampoco es válido el intento de descalificar al denunciante por su historial delictivo porque nadie más que él puede hablar sobre esas supuestas contribuciones a las campañas del expresidente. No es la primera vez ni será la última en que las confesiones de un delincuente sirvan a la justicia para combatir el crimen organizado. Es cierto que la verdad no duele en ciertas bocas, pero esa máxima sólo se aplica a los casos en que no están en juego los valores que pudieran haber zozobrado si esa relación realmente fuera cierta o estuviera documentada.

El expresidente Fernández tiene en sus manos una excepcional oportunidad de desmontar parte de lo que él y sus seguidores califican como “campaña sucia” dirigida a demeritarlo ante la creciente popularidad de su precandidatura a las elecciones del año próximo. Como bien escribiera el abogado Francisco Álvarez en el diario digital Acento, le bastaría mostrar a la nación pruebas de la compra por su fundación de la planta eléctrica que según el narcotraficante le donó a un costo de doscientos mil dólares. El hecho de que el Departamento de Estado ni la embajada estadounidense hayan descalificado al capo ni lo dicho sobre el caso por el detective que alega tener conexiones con el gobierno estadounidense, arrojan muchas dudas sobre la defensa del exmandatario.

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