Primero el país

La clase política dominicana es probablemente una de las más conscientes en la región de la extraordinaria importancia que tiene para países en desarrollo con escasez de capital, crear las condiciones para atraer crecientes flujos de inversión…

La clase política dominicana es probablemente una de las más conscientes en la región de la extraordinaria importancia que tiene para países en desarrollo con escasez de capital, crear las condiciones para atraer crecientes flujos de inversión extranjera. 

El Presidente de la República, Danilo Medina y el ex Presidente Leonel Fernández han dado demostraciones claras del compromiso que tienen para atraer inversión extranjera que permita generar riqueza, ingresos y empleos bien remunerados. 

Los principales líderes de la oposición, al ser en su mayoría empresarios dedicados también a la política, como sucede en los casos de Luis Abinader, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, Federico Antún Batlle y Amable Aristy Castro, deberían tener una mayor convicción  que los líderes del PLD sobre la importancia de proyectar una imagen positiva del país para atraer niveles crecientes de inversión extranjera.

Una de las áreas fundamentales del proceso de debida diligencia (“due dilligence”) que realizan las firmas de inversión extranjera que evalúan invertir en cualquier país en desarrollo es la evaluación de la fortaleza institucional del mismo. 

Les interesa saber cómo funciona la democracia, cuán fuertes  y responsables son los partidos políticos y sus líderes,  las perspectivas sobre la estabilidad política, conocer sobre la actitud de la clase política hacia la inversión extranjera, la situación de la corrupción, y el estado de la justicia y su nivel de independencia, entre otros factores que pueden incidir en la factibilidad de una potencial inversión en el país.

No puede decirse que tenemos instituciones fuertes en República Dominicana.  Todos reconocemos que esta es una de nuestras debilidades y que debemos seguir realizando las reformas necesarias para alcanzar un mayor fortalecimiento institucional. 

El hecho de que Transparencia Internacional haya mejorado nuestra posición en 14 escalafones en el ranking del Indice de Percepción de Corrupción del 2011 al 2014 al pasar de la posición 129 a la 115 como consecuencia del aumento en el índice de transparencia de 26 a 32, no es algo que nos debe llenar de satisfacción pues todavía estamos peor situados que la mayoría de los países de la región, exceptuando Venezuela, Haití, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En el ámbito del Indice de Fragilidad del Estado que mide el Fondo Para la Paz, aunque mejoramos al pasar de 76.9 en el 2011 a 73.4 en el 2014, lo que nos permitió avanzar 11 escalafones en el ranking mundial, tenemos mucho camino por recorrer para acercarnos a los niveles de países como Chile y Uruguay.

La misma tendencia se observa en el Indice de Democracia que estima la Unidad de Inteligencia de The Economist.  Mejoramos al pasar de 6.20 en el 2014 a 6.67 en el 2014, lo que nos permitió avanzar 11 escalafones al pasar de la posición 70 a la 59.

Pero tenemos que avanzar más para reducir la brecha de democracia existente con Chile, Costa Rica y Uruguay.

En esa tarea toda la clase política debe aunar esfuerzos.  Los líderes políticos,  los legisladores y los funcionarios públicos deben actuar con prudencia y moderación, evitando anteponer las ambiciones particulares y sus intereses políticos a los de la Nación. 

Las recientes declaraciones de algunos diputados de uno de los partidos de oposición sobre supuestos sobornos ofrecidos a algunos legisladores para que aprobaran corregir una falla en la Constitución del 2010 no contribuye a mejorar la posición del país en el ámbito institucional.

¿Porqué decimos que lo que se corrigió fue un error?  Porque el Artículo 124 de la Constitución del 2010 permitiría que alguien electo a la Presidencia a la edad de 30 años pudiese, en un período de 48 años, ser Presidente siete veces. 

Esa posibilidad erosionaba otros avances logrados en la Constitución del 2010. Ahora, a lo sumo, podría serlo dos veces, al establecerse una regla que restringe el tiempo máximo que una misma persona podría ocupar la Presidencia y favorece el surgimiento de nuevos liderazgos. 

No sabemos si las denuncias realizadas por algunos legisladores de la oposición se han traducido en la presentación de pruebas contundentes sobre los supuestos ofrecimientos de sobornos. Si las pruebas son irrefutables, la denuncia era necesaria. La percepción, sin embargo, es que cuando el PLD, el PRD y el PRSC pactaron aprobar la corrección del Artículo 124, para restablecer el texto que al respecto recogía el Artículo 49 de la Constitución del 2002 que establecía que “el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo.

El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República”, el valor de los supuestos sobornos convergió inmediatamente a cero.

¿Cuántos votos tenían en conjunto el PLD, el PRD y  el PRSC para corregir el error existente en la Constitución del 2010? Los tres partidos que pactaron contaban con 176 votos entre senadores (32) y diputados (144) para aprobar la Ley de Convocatoria de la Asamblea Revisora. Los senadores la aprobaron a unanimidad (100%).

En el caso de los diputados, se requerían 125 votos (2/3 partes de los presentes). Los partidos que pactaron tenían 144, es decir, 19 votos por encima de lo requerido. Al final 149 diputados votaron a favor, para un 79.68% de los presentes.

En cualquier mercado sea chino, árabe, persa, gringo, negro,  paralelo o libre, cuando existe un exceso de oferta por encima de la  oferta asegurada por las partes (PLD-PRD-PRSC), ningún demandante sensato va a pagar un precio monetario o soborno para obtener una oferta adicional que no le sirve absolutamente para nada.

Esto es lo que reduce la credibilidad de la hipótesis de los ofrecimientos de sobornos para generar un excedente de votos todavía mayor al que se tenía. Más aún, el demandante en este caso tenía margen para regatear y limpiar el exceso  de oferta hasta el nivel de votos necesarios para pasar la reforma, en cuyo caso, el partido de gobierno pudo haber negociado concesiones menos generosas que las representadas por la actual representación que tienen el PRD y el PRSC en el Poder Legislativo.  El PLD, en el marco del Pacto, pudo haber forzado un achicamiento adicional del PRD y el PRSC y no lo hizo.

Denuncias que no estén sustentadas en pruebas irrefutables sólo sirven para hacer daño a la marca país, a la imagen de República Dominicana, limitando la posibilidad de lograr mejoras en la competitividad de nuestra economía y en las calificaciones de riesgo de inversión que se nos otorgan. La madurez, la prudencia y la humildad deberían guiar la forma de hacer política de todos nuestros líderes políticos, los que hoy nos gobiernan y los que aspiran a hacerlo en el futuro. l

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