El Gobierno de Puerto Rico ha anunciado a sus acreedores que no está en capacidad de honrar sus compromisos de deuda. La deuda pública de Puerto Rico, que incluye la deuda del Gobierno Central y de las tres principales empresas estatales (PRASA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica; y HTA, la Autoridad de Carreteras y Transportación), alcanza US$72,000 millones, equivalente a 100% del PIB y 833% de los ingresos tributarios.
Puerto Rico le ha dejado saber a sus acreedores que requiere una reestructuración de la deuda pública que tenga como resultado la reducción del servicio de la deuda y la extensión del vencimiento promedio de la misma. El alivio de la deuda a que aspira el Gobierno de Puerto Rico podría obtenerse de varias formas incluyendo, como plantean Anne O. Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe en un informe reciente que prepararon a solicitud del Banco Gubernamental de Fomento, un canje de bonos viejos por bonos nuevos con mayor plazo y menores tasas de interés.
¿Cómo llegó Puerto Rico a esta situación? La respuesta la encontramos en la Receta para Quebrar Países por J. P. Populista. En primer lugar, entorpezca el crecimiento a través de la erosión de la competitividad. Puerto Rico produce hoy día 13% menos que hace 9 años. Echando un vistazo a los mercados de factores de la producción encontramos las razones.
El mercado de trabajo es quizás el principal detonante del déficit de competitividad. En Puerto Rico el salario mínimo es el federal -importado de EUA-, US$7.25 por hora, lo que arroja un salario mínimo mensual de US$1,257, cuatro veces mayor que el promedio vigente en la América Latina y el Caribe. A eso hay que agregar sobrecostos que no están presentes en el mercado laboral de EUA: reglas generosas para el pago de horas extras, vacaciones pagadas, bonificación obligatoria y elevados costos de despido. Todo lo anterior crea un serio desincentivo a la contratación de personal.
Mientras esto sucede, el Gobierno ha logrado estructurar un conjunto de beneficios dentro del sistema de bienestar social que desincentivan la búsqueda de trabajo. El monto de los beneficios que reciben los puertorriqueños por concepto de cupones alimenticios, la ayuda a familias de bajos ingresos con niños dependientes (AFDC), el Medicaid y los subsidios en los servicios públicos, representan ingresos superiores al salario mínimo de US$1,257, sin necesidad de “dar un golpe”. Eso explica el porqué Puerto Rico tiene una de las tasas de participación laboral más bajas del mundo (40%).
El mercado de electricidad también erosiona la competitividad. Puerto Rico opera con una matriz de generación muy dependiente de los derivados del petróleo. Aún con la actual baja de precios, la tarifa promedio de US$0.22 el kWh, limita la competitividad de las empresas.
El mercado de transporte marítimo por igual. Restringido por el Jones Act -los buques y la tripulación que parten hacia o provienen de EUA deben ser norteamericanos-, el mercado de transporte marítimo en Puerto Rico se ve forzado a operar fletes relativamente caros, a lo que se agregan una serie de regulaciones y barreras a la competencia que dan lugar a resultados similares en el transporte de carga terrestre.
Como si esto fuera poco, Puerto Rico exhibe un variado menú de leyes y regulaciones que coartan la competencia y limitan las inversiones. Registrar la propiedad, obtener un permiso de construcción y pagar impuestos, involucran elevados niveles de dificultad según la evaluación anual de Doing Business que realiza el Banco Mundial.
En segundo lugar, siguiendo con la receta para la quiebra, búsquese gobiernos que gasten permanentemente por encima de sus posibilidades. En otras palabras, que operen con déficit fiscales financiados con endeudamiento. Los gobiernos en Puerto Rico tienen una larga tradición deficitaria, la cual comienza con la elaboración del Presupuesto. Allí es casi un dogma religioso sobre-estimar las recaudaciones. El promedio de la sobre-estimación ha sido de 16% en los últimos 11 años. A medida que la recaudación real queda por debajo, se imparten instrucciones de recortes de gastos que los ministerios y dependencias del Gobierno ignoran pues aunque comienzan a recibir menos desembolsos, mantienen el ritmo de gasto establecido en el Presupuesto original, financiando la diferencia con atrasos a suplidores. Estos atrasos son pagados a principios del año siguiente con el nuevo Presupuesto con emisión de títulos de deuda pública, al ser reconocidos como cuentas por pagar del ejercicio fiscal anterior.
El Gobierno incurre también en la práctica de ofrecer descuentos a las empresas por el pago anticipado de impuestos, así como amnistías fiscales para agenciarse ingresos que permitan reducir la diferencia entre lo presupuestado y lo realizado.
La generosidad tributaria no se queda atrás. El sistema tributario de Puerto Rico ofrece un variado menú de exenciones tributarias para estimular la inversión. Gracias a estas exenciones, una gran cantidad de empresas terminan pagando tasas efectivas de impuesto sobre la renta que van de 0% a 4% sobre los beneficios. No es por casualidad que la presión tributaria en Puerto Rico ha bajado de casi 15% en el período 2004-2008 a 12% en el 2009-2014.
La falta de transparencia fiscal está también presente. Con el objetivo de subestimarlo, el déficit se calcula en base caja, es decir, sobre la base de los gastos efectivamente pagados, y no sobre la base de lo devengado o de compromisos. El déficit fiscal publicado excluye además los déficit de cerca de 150 agencias del Gobierno. Pero también excluye de la contabilidad del Fondo General (FG) todos los años, cerca de US$300-US$400 millones de gastos de capital que el Gobierno ejecuta fuera de la contabilidad del FG, que más temprano que tarde terminan afectando la caja y el financiamiento del Gobierno Central.
Todo lo anterior da lugar a un déficit del sector público que en el 2014 cerró en 4.8% del PIB, incluyendo los déficit de los sistemas de pensiones de los empleados del Gobierno y de los maestros del sistema público.
Krueger, Teja y Wolfe, en su informe, ofrecen una carta de ruta a Puerto Rico para hacer frente a la crisis y crear las condiciones para un crecimiento con sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. La otra opción sería contratar a Tsipras, en caso de que haya perdido ayer el referéndum en Grecia. En ese caso, Puerto Rico, en poco tiempo, terminaría su condición de estado libre asociado a EUA y sustituiría el dólar por el peso boricua.
