México. Para quienes recuerdan los días oscuros de la década de 1990, esto suena familiar: el más poderoso capo del narcotráfico se escapa de prisión, luego de que el Gobierno decidiera no extraditarlo y mostrara incapacidad para mantenerlo preso en una cárcel.Cuando el legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar escapó de La Catedral, la prisión que controlaba en las afueras de Medellín en 1992, se pusieron en marcha algunos mecanismos: la renovación de las extradiciones a Estados Unidos y la cacería y muerte del capo un año después.
En México, sin embargo, la fuga el fin de semana del poderoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán parece haber llevado al gobierno en turno y, a su partido, a consultar su viejo manual de negaciones y señalamientos a otros.
Más que enfrentar las complicidades y corrupción, que lo más seguro permitieron a Guzmán escabullirse de su celda en una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido para tal propósito, equipado con luces y una motocicleta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, argumentó la noche del lunes que el capo se habría escapado de cualquier prisión de máxima seguridad en el mundo.
Guzmán “logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales”, dijo Osorio y afirmó que el penal del Altiplano, del que se escapó, tiene las mismas certificaciones de seguridad que cualquier en Estados Unidos.
Por su parte, el oficialista Partido Revolucionario Institucional, que recuperó el poder en 2012 tras haber perdido dos elecciones presidenciales seguidas, no ha aceptado las críticas. En su lugar, ha lanzado culpas a la administración anterior del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, por haber lanzado una guerra contra el narcotráfico.
“No tienen autoridad moral quienes iniciaron esta guerra cruenta y absurda contra el crimen organizado”, señaló el martes en un comunicado el partido, más conocido por sus siglas PRI. Otros ámbitos del gobierno, añadió, deben “contribuir a fortalecer el Estado de derecho e informar y transmitir confianza a los mexicanos”.
Esa falta incondicional de crítica ha sido una posición que caracteriza a los líderes del PRI que mantuvieron durante décadas de poder ininterrumpido. Ese partido gobernó el país por más de siete décadas hasta el 2000, cuando por primera vez fue derrotado por la oposición.
“Parece que retrocedimos 50 años”, dijo el analista de seguridad Raúl Benítez.
La fuga de Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa, es un golpe a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que no siguió una batalla abierta contra los carteles, pero sí estableció como prioridad la captura de los líderes.
La detención a principios de 2014 de “El Chapo” Guzmán, que estuvo libre desde que se fugó por primera vez de otra prisión de máxima seguridad en 2001, fue un triunfo importante para el actual gobierno. Mientras las autoridades en Estados Unidos confiaban en que México extraditaría a Guzmán para que enfrentara allá las acusaciones criminales, la administración de Peña Nieto se mofó de la idea cuando el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que sólo lo haría cuando “El Chapo” cumpliera su sentencia en el país en 300 o 400 años.
Las extradiciones han sido un problema
No todos los analistas creen que los errores para mantener en prisión a Guzmán puedan propiciar una política más favorable hacia las extradiciones. “No creo”, dijo Juan Masini, del Grupo Global Masini y quien fue agregado de operaciones del Departamento de Justicia en la embajada de Estados Unidos en México. “Ellos (los mexicanos) no quieren ser vistos como un país que cede a los caprichos de Estados Unidos”.
Una mezcla de actitud defensiva y nacionalismo del partido de Peña Nieto hace regresar la mirada hacia la década de 1980, cuando Estados Unidos y México abiertamente discutieron sobre el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la agencia antidrogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena.
El capo del narcotráfico acusado del crimen, Rafael Caro Quintero, abandonó la prisión en 2013 después de que una corte de apelaciones anuló su sentencia por supuestos errores de procedimiento. Pero en lugar de ordenar un nuevo juicio, el tribunal le permitió salir de la cárcel, lo cual desató la indignación de Estados Unidos.
A la fecha, el hombre no se le ha vuelto a ver.
