El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, se mostró de acuerdo con la revisión y modificación de las leyes de Drogas y Lavado de Activos.El jefe de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD), Julio César Souffront, hizo la propuesta a fin de que los narcotraficantes puedan ser juzgados en el país tras cumplir penas en los Estados Unidos.
Sin embargo, Castaños advirtió que éstas no son las únicas leyes que deben ser revisadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ya que el país adolece de una Ley de Extinción de Dominio que cursa en el Congreso Nacional, que no ha podido ser aprobada, pese a contar con el consenso de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otros actores del sistema.
Añadió que esa legislación es la que real y efectivamente vendría a dar respuesta a esa preocupación, en vista de que deslinda al ámbito civil de la persecución de todo lo que tiene que ver con el producto del narcotráfico, “es decir, independientemente de lo que es la persecución penal, habría ya una persecución civil, que independientemente de cuál sea el curso del asunto penal, va a contribuir a incautar los bienes producto del lavado y del narcotráfico”, explicó Castaños.
Aunque entiende que las leyes de Drogas y Lavado de activos deben ser revisadas y actualizadas, en vista de que la modalidad del crimen organizado ha cambiado, sobre todo en su visión transnacional, Servio Tulio Castaños entiende que no debe dejarse de lado la Ley de Extinción de Dominio, la cual, según dijo, ha sido rechazada por las instituciones que tienen que darle respuesta al fenómeno del narcotráfico.
Es un mandato constitucional
Asimismo, el jurista recordó que la aprobación de dicha legislación es un mandato de la Constitución del 2010, por lo que deploró que no se le haya dado la importancia y la prioridad que amerita, tal como lo han hecho países como Colombia y Estados Unidos, que se han enfocado en la lucha contra el narcotráfico.
“Es una ley fundamental para desapoderar a los narcotraficantes de los bienes que son producto de sus actividades ilícitas, esa es la ley que hay que aprobar”, recordó.
A Quirino sí se le incautaron bienes
De su lado, el exfiscal del Distrito Nacional y actual juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, negó que al capo Quirino Ernesto Paulino Castillo se le hayan devuelto sus bienes, tras cumplir condena en los Estados Unidos como planteara el director de la DNCD en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.
Hernández Peguero, quien tuvo a su cargo las negociaciones con las autoridades estadounidenses en el caso Quirino, afirmó que gracias a dicho acuerdo, al capo de Elías Piña se le decomisaron bienes por valor de RD$900 millones (RD$200 millones depositados en bancos comerciales y RD$700 en bienes inmuebles), logrando sentar un precedente en el país.
Al igual que el vicepresidente de Finjus, Hernández Peguero, cree que lo que solucionaría este problema sería la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio, como lo manda el artículo 51 acápite 6 de la Constitución. “Lo que sí necesitamos son legislaciones internas como esa ley”, dijo.
DNCD debería pasar a la Procuraduría
En otro orden, Servio Tulio Castaños afirmó que sumado a la modificación y aprobación de leyes, valdría la pena que la agencia antidrogas se aboque a la revisión de su diseño institucional y se ajuste a la Constitución del 2010, que manda a que todos los organismos de persecución estén adscritos a la Procuraduría General de la República. “Es decir, la DNCD debe ser una agencia del Ministerio Público, no de la Presidencia”.
