Uno de los fenómenos propios de las sociedades contemporáneas es lo que en el ámbito de la criminología se ha venido a denominar como «el miedo al delito» (fear of crime). El miedo al delito ha sido definido como un estado racional o irracional de alarma o ansiedad generado por la creencia de que se está en peligro de victimización objetiva. O, dicho de otro modo, tener miedo de ser asaltado, agredido, asesinado, violado.
Entre los factores que se citan como generadores de esta perturbadora situación se cuentan las experiencias directas de victimización, el conocimiento de experiencias de familiares y amigos, las campañas de grupos que representan a las víctimas y las informaciones que dan cuenta de los delitos, entre otros.
En el caso dominicano, uno de los factores que, sin duda alguna, influye enormemente en la sensación de inseguridad que afecta a muchos dominicanos es la frecuencia con que agentes de la policía y militares (aunque en menor medida) se ven involucrados en actos delictivos, sobre todo en atracos y asesinatos.
Y más aún: un problema grave es que muchos policías y militares que delinquen nunca son sometidos a la justicia por sus hechos, sino simplemente sancionados disciplinariamente, y al ser cancelados de las instituciones donde sirven continúan con sus carreras delictivas.
En muchas naciones donde se ha debido enfrentar situaciones de pánico o miedo al delito de proporciones preocupantes, entre las estrategias que se implementan destaca el incremento de la presencia policial en los sectores de mayor inseguridad, con el objetivo de que «el peso del temor pase de las potenciales víctimas a los autores de los delitos» (McLaughlin). En nuestro caso, con tan alta prevalencia delictiva entre agentes policiales, uno no se atrevería a apostar que una mayor presencia de ellos redistribuya el temor, además de que muchas veces las políticas de intervención focalizada de zonas de alta criminalidad terminan generando un efecto de «desplazamiento» o «crowding out», pues el infractor, ante una numerosa presencia y alto perfil policial, se desplaza a otras zonas a delinquir.
Desafortunadamente, el problema del delito es sumamente complejo y no existen respuestas fáciles para hallarle solución. Lo que sí luce claro es que una política criminal que se centre únicamente en respuestas punitivas, en tratamientos mediáticos o que no cuente con la participación activa de la sociedad, a través de los diversos grupos intermedios, podrá aportar salidas efectistas en el corto plazo, pero nunca aportar soluciones sostenibles, ni arrancar las raíces de una percepción de inseguridad que tiene bases firmes en la forma en que se comporta la criminalidad.
