La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, calificó ayer como preocupante y de “mal sabor” las vinculaciones de cinco jueces activos y un ex juez con el crimen organizado, que denuncia el Procurador General de la República.Germán dijo que de ser hallados culpables de violar artículos de la ley sobre la Carrera Judicial fomentaría la confianza en el sistema de Justicia, y cree que “crearía la percepción de que las cosas que se cree que están mal son investigadas y que hay un régimen de consecuencias”.
Destacó que no está diciendo que el exconsejero Francisco Valera Arias, Awilda Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Delio Germán Figueroa, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de la misma jurisdicción, sean culpables de lo que se les señala.
“Usted debe saber que dentro de un conglomerado, que se cuestione una parte de él con ese tipo de cosa tan grave, tiene que afectarnos a todos no porque uno crea o no crea las acusaciones sino porque este oficio debe tener como sustento la confianza de los justiciables”, refirió la jueza al ser cuestionada.
Ayer, en sustitución de Awilda Reyes, quien fue suspendida por el Consejo del Poder Judicial, subió al estrado la magistrada Tania Yunes, en tanto que en el Cuarto Tribunal Colegiado subió Jissel Naranjo por Delio Germán.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) refirió que las imputaciones hechas por Francisco Domínguez Brito contra los suspendidos jueces, son las más graves hechas al Poder Judicial en las últimas décadas, sobre todo porque uno de ellos formó parte del Consejo.
Dijo esperar que en este caso funcione el sistema de consecuencias, si es que en los juicios que habrán de venir se determina la culpabilidad de ellos.
“En este país estamos acostumbrados a que cuando un funcionario público se le acusa de un acto de corrupción se le suspenda solamente, y los jueces son funcionarios públicos, por lo que esperamos que el sistema de consecuencias funcione”, apuntó.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, informó que la Procuraduría aún no les ha solicitado las declaraciones juradas de patrimonio de los jueces suspendidos.
“No tenemos ningún pedido de la Procuraduría. Lo que tenemos es el depósito de la Suprema Corte de Justicia de las declaraciones juradas de todos los miembros de la judicatura”, manifestó Marte. Asimismo explicó que por norma, los magistrados tienen un reglamento que los obliga mostrar anualmente su patrimonio “y nosotros hemos recibido la declaración de los jueces y están en nuestro poder”, especificó.
Los funcionarios judiciales son investigados por formar una estructura que alegadamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
