La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, solicitará medida de coerción consistente en prisión preventiva contra siete militares que, alegadamente aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, ingresaron de manera irregular 220 armas de fuego al país, dándoles apariencia lícita.
Tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos , a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06.
De acuerdo con una nota de prensa, luego de varios allanamientos, el Ministerio Público descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país, entre ellos: Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artiles, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho, José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años en la institución, además de Pedro Manuel Guzmán Escarramán propietario de armería donde eran vendidas.
Según la nota, Bienvenido Cordero Batista, era el general de brigada paracaidista Fuerza Aérea de la República Dominicana, director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlo con su firma, mientras que Félix Francisco Pérez Artliez, teniente coronel del Ejército de República Dominicana, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército de República Dominicana , según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, era el Encargado de archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del ERD, asistente del director General de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación. Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, 1er Teniente de la Policía Nacional, como encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarramán, Coronel del ERD, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que alegadamente se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
