El uso de recursos públicos en las campañas electorales es el tema de debate preferido en los años de elecciones y muchas veces desde mediados del año previo a las elecciones.
El ataque siempre surge desde las trincheras de la oposición. Y es normal que así sea pues se entiende que el que usa recursos públicos durante la campaña, es el partido de gobierno para apoyar a sus candidatos.
Algo que pasa desapercibido es que la oposición muchas veces también hace uso de los recursos públicos, más allá de los que recibe de las asignaciones a los partidos que la Ley canaliza a través de la JCE. Lo que sucede es que utilizan los recursos públicos “a crédito”, no “de contado” como sucede en el caso del dinero recibido de la JCE o del dinero del Presupuesto nacional que podría desviarse para apoyar a los candidatos oficialistas.
Por ejemplo, cuando un candidato de la oposición promete que subirá los salarios a los policías en una magnitud que implicaría un gasto adicional de RD$12,113 millones al año, se hace uso “a crédito” de los recursos públicos para apoyar a ese candidato.
Lo mismo sucede cuando esos candidatos plantean rebajas absurdas en los precios de los combustibles que aumentarían el déficit fiscal en RD$58,110 millones o en la tarifa eléctrica que abultaría el déficit de las EDES en RD$17,263 millones.
También cuando esos candidatos, en medio de la campaña, exigen que se anule el aumento del Itbis de 13% a 16%, o que se eleve de 2% a 5% del PIB el gasto público en educación, lo que implicaría uso de recursos públicos “a crédito” con fines electorales por un monto de RD$950 y RD$99,976 millones, respectivamente.
¿Cómo piensa el lector que el senador Bernie Sanders ha logrado poner en aprietos a Hillary Clinton en la lucha por la candidatura presidencial del partido demócrata en los EUA? Usando “ a crédito” recursos públicos cuando promete universalización del seguro de salud, universidad gratis para todos, expansión del Social Security y un masivo programa de construcción de infraestructuras que, junto a otras propuestas, aumentarían el gasto público en US$18 trillones en los próximos 10 años.
Una Ley que penalice el uso de recursos públicos en las campañas electorales, si realmente persiguiese el objetivo de garantizar una competencia equilibrada entre los candidatos oficialistas y los opositores, debería penalizar tanto el uso “de contado” y “a crédito” de los recursos públicos.
Tan perjudicial resulta el uso “de contado” de estos recursos como las propuestas que prometen el uso futuro de los mismos de una manera alarmantemente deficitaria y populista, aprovechando muchas veces el desconocimiento de una parte importante de los votantes que no comprende las cuentas e identidades fiscales fundamentales. Las ofertas populistas encantan a los que no visualizan sus implicaciones.
No es por casualidad que en las primarias del sábado pasado en Carolina del Sur, Trump obtuvo el mayor margen de ventaja sobre Cruz y Rubio entre los votantes sin grado universitario.
En el caso de uso “de contado” de los recursos públicos en las campañas electorales, muchos analistas asocian esta práctica al aumento que se produce en el gasto público en los años de elecciones y en algunos casos, en el año previo a las elecciones.
Cuando se analizan los últimos 11 procesos electorales presidenciales, incluyendo el actual, se observa que en las elecciones de 1982 (Guzmán Presidente) en las que Jorge Blanco fue el candidato del PRD, el gasto del Gobierno no aumentó, todo lo contrario, se redujo en 4.9%.
Pero esto se debió a la caída de 18% de los ingresos corrientes del Gobierno. El año de menor aumento porcentual en el gasto del Gobierno en un año electoral sería el 2016 (Medina) si se cumple el monto establecido en el Presupuesto de este año, que reportaría un aumento de 7.8%, inferior al crecimiento del PIB nominal, con relación al nivel de gasto fiscal ejecutado en el 2015.
Cuando se analizan los resultados del aumento en el gasto del Gobierno en el año previo al de elecciones, se tiene que el 2015 (Medina) es el tercero de menor aumento en el gasto con 5.8%; sólo el 1.8% de 1981 (Guzmán) y 1995 (Balaguer) exhiben mayor prudencia en el ranking.
Dado que estos aumentos nominales pueden estar influenciados por los procesos inflacionarios en esos años, realizamos el análisis de las variaciones en puntos porcentuales del PIB.
En el caso del aumento en el gasto del gobierno en el año de elecciones, el 2016 (Medina) quedaría con un aumento de apenas 0.07 puntos porcentuales del PIB, superado en “prudencia” sólo por los verificados en 1982 (Guzmán, -1.46), 1990 (Balaguer. -2.22) y 2000 (Fernández, -0.21). En el caso del año previo al de las elecciones, el 2015 (Medina), quedó bien posicionado, con una caída de 0.47 puntos porcentuales del PIB, siendo superado en moderación por el 1977 (Balaguer, -0.72), el 1981 (Guzmán, -1.11) y el 1995 (Balaguer, -1.55).
Lo que sí queda claro cuando se analizan las últimas 11 elecciones es que: (1) ninguno de los tres principales partidos de la democracia dominicana tiene calidad moral para lanzar la primera piedra contra alguno de ellos por supuestamente hacer uso de los recursos del Estado; (2) si el Gobierno actual termina ejecutando el gasto público tal y como establece el Presupuesto aprobado para el 2016, quedaría como uno de los mejores posicionados en materia de prudencia fiscal en el año de las elecciones y en el previo a las elecciones, un resultado muy valioso para un país que, como bien indicó el FMI el pasado 23 de noviembre del 2015, tiene por delante el reto de hacer frente a un déficit del sector público consolidado de alrededor de 5% del PIB, que en ausencia de políticas, llevaría la deuda pública a 54% del PIB en el 2020; (3) no es cierto que las cuentas fiscales “siempre” se descontrolan en los años de elecciones o el año previo a las elecciones; y (4) que sería muy saludable para la democracia dominicana y la equilibrada competencia electoral, una legislación “con dientes” que penalice tanto el uso “de contado” como “a crédito” de los recursos públicos en las campañas electorales. Con la seria insuficiencia fiscal que enfrentamos, caeríamos en el precipicio macroeconómico con propuestas tipo Sanders o políticas tipo Maduro. l
