Tras un período de crecimiento relativamente sólido, que permitió a decenas de millones de hogares pobres incorporarse a la clase media, el crecimiento en América Latina se ha desacelerado, en parte como resultado de factores externos. Para cerrar las brechas -aún amplias- respecto de los niveles de vida de las economías avanzadas, la región necesita elevar de forma significativa el crecimiento de la productividad y asegurarse que nadie quede excluido de sus beneficios. Esto exigirá reformas estructurales integrales, apoyadas en un marco de políticas que fomente la productividad e incorpore consideraciones de inclusión social desde el inicio.
Entre 2000 y 2014, el crecimiento promedio anual del PIB en América Latina y el Caribe superó el 3 %.
Contrario a la tendencia mundial, durante ese período la desigualdad de ingresos disminuyó en muchos países de la región, gracias sobre todo a medidas innovadoras de política como el programa Bolsa Familia de Brasil. Lo mismo cabe decir de la pobreza. La pobreza extrema se redujo del 29 % al 16 % y la pobreza moderada del 17 % al 14 %. No obstante, la desigualdad de ingresos en la región (medida por el coeficiente de Gini) sigue siendo 65 % superior a la de los países de ingresos altos; 36 % mayor que en Asia Oriental; y 18 % mayor que en África subsahariana (PNUD, 2010).
Más recientemente, la región ha enfrentado múltiples retos externos derivados del final del superciclo de las materias primas, la desaceleración del crecimiento en China y la normalización gradual de la política monetaria en EE.UU. En consecuencia, y a pesar de la heterogeneidad característica de América Latina, la convergencia respecto de los niveles de vida de los países avanzados ha perdido velocidad, y en algunos países ha comenzado incluso a revertirse. La región en su conjunto tan sólo creció 1% en 2014, muy por debajo de las tasas de crecimiento de 5 % observadas a mediados de la primera década de este siglo. Se espera que haya habido una ligera contracción en 2015 seguida de una expansión modesta en 2016, aún por debajo del promedio OCDE. Por otra parte, el entorno externo, antes propicio, había aliviado en muchos casos las presiones para que los países llevaran a cabo las reformas estructurales e inversiones necesarias que sentaran las bases de una prosperidad sostenible e inclusiva. Por citar sólo un ejemplo, todavía es común en la región que las personas con menos competencias queden atrapadas en empleos precarios y poco productivos, con frecuencia en la economía informal.
En América Latina, como en la mayoría de las economías emergentes, elevar la productividad es crucial para cerrar la amplia brecha respecto de los niveles de vida de las economías avanzadas y escapar a la trampa del ingreso medio. Las estadísticas oficiales indican que los latinoamericanos dedican en promedio más tiempo a sus actividades laborales que el promedio de la OCDE, pero esta participación relativamente alta del factor trabajo en el PIB per cápita se ve descompensada por una enorme diferencia en los niveles de productividad. La productividad laboral promedio en la última década muestra que, en la mayoría de los casos, su tasa de crecimiento ha sido apenas suficiente para seguir el ritmo de las economías avanzadas e insuficiente para reducir significativamente la brecha en los niveles de vida.
Este doble desafío -el cierre de las brechas de productividad e inclusión social- subraya los retos que actualmente enfrentan los gobiernos latinoamericanos para abordar las profundas debilidades estructurales que las recientes dificultades externas han puesto al descubierto. Para promover el crecimiento de la productividad, las autoridades deben adoptar políticas basadas en un concepto más inclusivo de dicho crecimiento, que permita a todas las personas y empresas materializar e incrementar su potencial productivo para propiciar así un crecimiento de la productividad agregada aún mayor, así como una distribución más equitativa de los ingresos. De esta manera podría ponerse en marcha un círculo virtuoso. La evidencia muestra que los avances tecnológicos y las innovaciones en los procesos y modelos de negocio no se difunden de manera automática por toda la economía para propiciar un crecimiento económico generalizado y sostenible, ni las ganancias de bienestar necesariamente se comparten entre regiones, empresas y población. Por ello, mejorar la productividad para lograr un crecimiento inclusivo exige un enfoque más integral que tome en consideración las interacciones entre bienestar, desigualdades y productividad.
Aprovechar mejor las competencias de la población contribuirá a incrementar la eficiencia y la productividad en el corto plazo, pero será difícil sostener una mayor tasa de crecimiento de la productividad en el largo plazo sin mejoras significativas en el desempeño educativo y en los niveles de competencias. Las desigualdades en el acceso a una educación de calidad y a oportunidades de desarrollo de competencias generan una inmensa pérdida de talento potencial y contribuyen al elevado grado de desigualdad de ingresos que existe en la región. Este problema se ve agudizado por una baja redistribución del ingreso, que enquista aún más las desigualdades.
Mientras que en Europa impuestos y transferencias reducen la desigualdad en 19 puntos en el índice de Gini, en América Latina esa reducción es inferior a dos puntos de Gini.
Las pymes de América Latina podrían presentar el mayor potencial de ganancias de productividad inclusiva asociadas a reformas de políticas. Estas empresas, que representan más del 70 % del empleo en la región, sólo generan el 30% del PIB, una cifra que es aproximadamente la mitad de la media OCDE.
Esto es reflejo de amplias brechas de productividad, particularmente entre las grandes y pequeñas empresas. Además, la participación de las pymes en las exportaciones es sólo la mitad de la que se registra en Europa del Este, y un tercio inferior a la de Asia Oriental, lo cual sugiere que las pymes tienen mucho que ganar con su integración a las cadenas de valor regionales y mundiales. Sin embargo, su capacidad para participar en actividades internacionales se ve afectada por algunos problemas específicos, sobre todo en las áreas de innovación, apego a normas y estándares, o falta de información, competencias y recursos. Las pymes también tienen una tendencia mayor a operar en el sector informal. Ello responde en parte a la carga regulatoria y administrativa, así como, en algunos casos, a unas elevadas cargas impositivas. La informalidad perpetúa las ineficiencias, ya que las empresas mantienen unas dimensiones pequeñas a fin de evitar esas cargas. También engendra desigualdades, pues los empleados en el sector informal no se benefician de la cobertura que presta la seguridad social.
Otro factor que explica la baja productividad es la deficiente asignación de recursos: el capital y la mano de obra quedan atrapados en empresas y sectores escasamente productivos y su reasignación a otros más dinámicos es un proceso lento. Esto impide que las empresas más innovadoras y productivas alcancen la escala necesaria para operar en los mercados mundiales y materialicen el elevado potencial de crecimiento que la comercialización de ideas exitosas conlleva. Síntomas de esta deficiente asignación de recursos en la región son, entre otros, el elevado peso de la economía informal, las dificultades que tienen las empresas para contratar personal con las competencias necesarias y las marcadas desigualdades de género. Para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos es necesario reducir barreras de entrada al mercado, al crecimiento de las empresas, y a la creación de empleo formal. Impulsar el empleo formal contribuirá a una mayor calidad del empleo, ya que los puestos de trabajo formales suelen registrar mayores salarios, menor inseguridad laboral y mejores condiciones de trabajo que los de la economía informal. Mejorar la calidad del empleo en la región es, por ende, un objetivo importante no sólo para aumentar el bienestar de los trabajadores, sino también para elevar su productividad.
La productividad también puede impulsarse por medio de vínculos con tecnologías y conocimientos externos obtenidos a través del comercio, la inversión extranjera directa (IED) y la integración en las cadenas de valor regionales y mundiales, así como con la movilidad internacional de mano de obra calificada.
Por ejemplo, la apertura comercial y una intensa participación en las cadenas de valor han ayudado a los países de Europa Central y del Este a sostener un elevado crecimiento de la productividad y a mantener un ritmo sostenido de crecimiento que ha permitido cerrar en cierta medida la brecha con los países más desarrollados.
En el caso de América Latina, el panorama es más heterogéneo, con México y Chile relativamente bien integrados en las cadenas de valor mundiales, y Argentina, Brasil y Colombia un tanto rezagados. Factores geográficos como la distancia a los grandes mercados y la dependencia de la exportación de recursos naturales explican parte de las diferencias en intensidad del comercio y participación en las cadenas de valor mundiales entre países, si bien esto último también se ve influido por las barreras regulatorias al comercio exterior y la inversión, sobre todo en el caso de los servicios, que tienden a ser relativamente altas en la mayoría de los países latinoamericanos. Existe un amplio margen para impulsar el comercio y las cadenas de valor intrarregionales.
En gran medida, el decepcionante desempeño de la productividad en América Latina es resultado del bajo rendimiento de la inversión en capital físico, así como de la insuficiente inversión en activos intangibles, como el capital basado en el conocimiento (Daude y Fernández-Arias, 2010). Un elemento importante para impulsar la productividad es que las empresas nacionales potencien su capacidad para aprovechar las ventajas del conocimiento que difunden las empresas más vanguardistas, esencialmente algunas grandes multinacionales. Para que esto suceda serán necesarias inversiones complementarias en I+D, mejores competencias, capital organizacional (es decir, calidad administrativa y de gestión) y otras formas de capital basado en el conocimiento (OCDE, 2015a). Los datos indican que los países latinoamericanos están rezagados respecto de otras economías emergentes en materia de gasto en I+D y otras inversiones relacionadas con la innovación, lo cual se traduce en ecosistemas de innovación relativamente débiles. Reforzar los resultados de la región en materia de innovación requerirá movilizar a todos los actores y prestar especial atención a las pymes.
Las insuficientes infraestructuras digitales y de transporte también obstaculizan la integración de la región en las cadenas de valor mundiales y el desarrollo socioeconómico en general. Los costos de transporte y logística siguen siendo muy elevados, ya que la fuerte preferencia por el transporte carretero impide a los países aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes medios de transporte. Los indicadores de desarrollo de infraestructura digital, como la penetración de banda ancha, sitúan a la región muy por detrás de los países OCDE y las economías emergentes de Asia. Las brechas de infraestructura no sólo frenan el crecimiento potencial, sino que pueden debilitar la cohesión social al limitar los beneficios que las personas pueden obtener de sus competencias, esfuerzo y experiencia. Es igualmente necesario que los países de la región mejoren la conectividad intrarregional. Por otra parte, todos los países podrían beneficiarse de nuevas medidas para mejorar el marco de gobernanza para la planeación, financiamiento y operación de proyectos de infraestructura.
OCDE publica una serie sobre “mejores políticas”
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha publicado la serie “mejores políticas”, la cual fue escrita por un grupo de colaboradores, con la asesoría de Gabriela Ramos y Juan Yermo. El documento está dividido en seis títulos. elCaribe publicará el documento en seis entregas.
